«Las modificaciones al Reglamento de contratación de obras públicas transitarán por el camino pedregoso. En cambio, existe consenso entre todos los intervinientes, acerca de la incorporación de un mecanismo de resolución temprana de conflictos. El fallo del TDLC sugiere esperar los resultados de la aplicación del mecanismo en proyectos pilotos en curso desde aproximadamente hace un año».
El impulso e implementación de políticas públicas en el sector infraestructura, normalmente transcurre por un camino lento y pedregoso, trazado por gobiernos de 4 años, solicitado a menudo por imprevistos de la naturaleza o la voluntad que alteran el orden de la toma de decisiones, y a veces sometido a excesivos cabildeos. Por ello, el reciente fallo del TDLC que sugiere al Presidente modificaciones al Registro de Contratistas del MOP, es una gran oportunidad. Pero hay que implementarlo.
El fallo se refiere a materias que pueden ser agrupadas en dos ámbitos: Las que regulan la libre competencia en la licitación de contratos de obras, mediante modificaciones al Reglamento de contratación de obras públicas, y las que otorgan eficiencia y eficacia a la ejecución de los contratos, mediante la creación de un mecanismo de resolución temprana de conflictos.
A mi juicio, las modificaciones al Reglamento de contratación de obras públicas transitarán por el camino pedregoso. En cambio, existe consenso entre todos los intervinientes, acerca de la incorporación de un mecanismo de resolución temprana de conflictos. El fallo del TDLC sugiere esperar los resultados de la aplicación del mecanismo en proyectos pilotos en curso desde aproximadamente hace un año.
Sin embargo, ya existe experiencia obtenida en los 9 años de funcionamiento del Panel Técnico de Concesiones, con 30 contratos y 40 fallos de diversa naturaleza y envergadura, al amparo de su normativa. Dicha experiencia, sumada al aprendizaje teórico logrado por el MOP en los últimos años, mas la práctica de los proyectos pilotos, es suficiente.
Por otra parte, el perfil de la cartera de contratos de obras que administra el MOP cada año es conocido. Hoy los órdenes de magnitud bordean los US$ 2.200 millones anuales, distribuidos un 75% en la Dirección de Vialidad, un 10% en la DOH y el restante 15% en las otras direcciones ejecutoras. Son un total aproximado de 1000 contratos, de los cuales alrededor de un 5% consideran una inversión superior a $ 5000 millones, 20% mayor de $ 500 millones y un 75% menor de $ 500 millones de inversión.
Los factores organizacionales críticos de autoridad, jerarquía, coordinación e independencia son de diseño común. Y la justificación económica-social de la organización que se determine para el nuevo organismo de resolución de controversias aparece como holgada para un organismo pequeño, que intervendrá positivamente en la eficiencia directa del gasto de una fracción relevante de los US$ 2200 millones de inversión, e indirecta al liberar de recursos a la actual DGOP para su intervención en los recursos jerárquicos que seguirá gestionando en el resto de los contratos de obras.
Cabe señalar además, que la nueva organización, por sus rasgos de independencia y acompañamiento permanente, influirá positivamente no solo en la fase contractual de desarrollo de los contratos de obra, sino que también se transformará en un factor virtuoso en la fase precontractual de licitación y contratación, facilitando los análisis y decisiones que se tomen respecto de la implementación de modificaciones sugeridas en el fallo del TDLC.
La industria de la infraestructura pública tiene una responsabilidad y oportunidad que no debe dejar pasar, creando el nuevo mecanismo de solución temprana de controversias, que de comenzar funciones en 2021 será un factor positivo de cara a la recuperación del sector luego de la emergencia sanitaria.
Fuente: Estado Diario
Erwin Stagno
Consultor Externo de FK Economics.
