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Alcaldes y el rechazo

Autor: Anton Kullak.

El sorpresivo holgado triunfo del Rechazo en el Plebiscito Constitucional de salida ha suscitado discusiones intentando explicar los orígenes sociopolíticos de este resultado. Entre otras cosas, se ha pensado replantear el rol de las figuras políticas en los procesos eleccionarios. En ese sentido, nos podemos preguntar si el partido o coalición de los/las alcaldes/as pudo afectar el resultado de la votación en las comunas.

Para encontrar un efecto de ese tipo, lo lógico sería comparar los resultados en las comunas con alcaldías de una coalición con las de otras. Al observar los resultados del último plebiscito según el Pacto al que pertenecía el/la alcalde/sa elegido/a el año 2021, vemos que los municipios del Frente Amplio y el Partido Comunista tienen en promedio menos inclinación hacia el Rechazo que las Comunas de Chile Vamos (Figura 1). En general, mientras más a la izquierda del espectro político es la alcaldía, menos votos tuvo el Rechazo en 2022 (en términos porcentuales).

Figura 1
Figura 1

Sin embargo, el simple ejercicio de comparación para medir el efecto del color político de la alcaldía sobre el porcentaje de Rechazo no es tan útil, porque si la comuna eligió, por ejemplo, a un alcalde comunista, probablemente los votantes tienen características que eran más favorables al Apruebo. Entonces, las diferencias que se observarían en el voto Rechazo entre comunas con alcaldes/as comunistas y otras comunas, se debería a esas otras características y no necesariamente a la influencia de su autoridad municipal.

Para abordar este problema, se comparan las comunas en las que el/la alcalde/sa del partido X salió elegido por un estrecho margen, con comunas en las que el candidato del mismo partido X perdió por un estrecho margen. Esas comunas son en promedio muy parecidas unas de otras. Como la literatura de este diseño empírico recalca la importancia de la evidencia gráfica a continuación se acompañan los resultados en forma de gráficos de regresión discontinua.

Los resultados sugieren que alcaldes/as de Chile Vamos y el Partido Republicano no tuvieron efecto causal observable sobre el mayor voto del Rechazo en sus comunas. Si observamos los gráficos (con y sin zoom al punto de corte), se reconoce que no hay un salto de tendencia estadísticamente significativo entre las comunas en que un/a candidato/a tuvo la segunda mayoría y la primera mayoría en las elecciones Municipales de 2021.

Se obtiene un resultado similar para la antigua Concertación: Sus alcaldes/as no tuvieron un efecto causal observable sobre los resultados electorales del Plebiscito de Salida.

Lo mismo ocurre con las municipalidades con alcaldes/as del Frente Amplio o el Partido Comunista. Es decir, independiente del partido, no parece haber influencia de los/las alcaldes/as en el resultado electoral de su comuna en el plebiscito de salida.

Con todo lo anterior, podemos concluir que la tendencia política de los/las alcaldes/as no parece haber influido sobre los resultados electorales de sus comunas al comparar los Plebiscitos de Entrada y Salida. Esto nos permite expandir la discusión en torno a posibles factores que determinaron los resultados electorales del Plebiscito Constitucional.

FK Economics se reúne en Perú con connotados expertos en libre competencia

Este mes los socios de FK Economics se reunieron en Perú con connotados expertos en libre competencia para conversar respecto del uso de datos en el análisis de casos. Agradecemos la compañía de Joselyn Olaechea, Eduardo Quintana, Robert Venero, Fiorella Zumaeta, Rosa Bueno, Enrique Felices, David Kuroiwa, Alejandro Falla y Raúl Alosilla.

Parte de la conversación trató sobre cómo los datos pueden ser usados para definir mercados relevantes a partir del análisis estadístico de elasticidades de sustitución. Asimismo, se analizó cómo la estadística puede ser útil para calcular perjuicios o efectos de conductas contrarias a la libre competencia.

Por otra parte, se expusieron algunos de los problemas al momento de utilizar grandes bases de datos, tales como la comprobación de la información y las habilidades necesarias para manejarlos.

Finalmente, se debatió respecto de las características de los procesos en Perú y cuales son los espacios para aportar evidencia basada en datos.

Compartimos algunas imágenes del encuentro a continuación:

Ventas comparables y múltiplos comparables (unidades de comparación)

En las siguientes slides presentamos la segunda parte de este análisis de casos presentados ante el CIADI utilizados para valorar empresas.

En esta oportunidad nos centramos en ventas comparables y múltiplos comparables.

Tanto los tribunales como las partes toman como referencia el precio que es realmente pagado por activos comparables, esto es particularmente significativo al momento de valorar maquinaria y equipamiento, ya que estos bienes tienden a comprarse y venderse a gran escala.

Por su parte, la valoración de una compañía se tiende a derivar de los precios de ventas de compañías comparables.

 

Función de Demandas E12 | Como probar el daño ambiental ante cortes y tribunales ambientales

En este nuevo episodio Jorge Fantuzzi conversa sobre medio ambiente, cortes internacionales y tribunales medioambientales con Benjamín Salas Kantor, abogado de la Universidad Católica y asesor del Centro de Estudios Horizontal.

Puedes escuchar el episodio completo directamente  en Spotify, en Apple Podcast  o a continuación en el reproductor:

Escasez hídrica y el mercado

Columna de Contrafactual

Autor: Carlos Fardella K., economista FK Economics.

 

Mientras más escaso es un bien, más sentido tiene que éste se asigne eficientemente, pues esto permite que la sociedad aproveche mejor sus beneficios. Este es justamente el dilema que enfrenta Chile debido a su situación hídrica, donde cerca de un 50% del total de las comunas se encuentran bajo decretos de “escasez hídrica”[1] debido a las bajas precipitaciones de los últimos años.

Luego, ¿cómo se puede asignar eficientemente un recurso escaso? Bajo una serie de condiciones, se puede definir el mercado como la asignación eficiente de recursos escasos (como se encuentra definido en el libro de Jean Tirole titulado “The Theory of Industrial Organization[2]). En otras palabras, logra que oferentes de bienes entreguen dichos bienes a las personas que más lo valoran -tengan una mayor disposición a pagar por el- y a su vez, el precio del bien y, entre otras cosas, el derecho a la propiedad privada, incentivarán la inversión y producción de este bien escaso. Entonces, se puede concluir que un mercado ayuda a asignar un bien no con un criterio de eficiencia, pero no con un criterio de justicia.

En ese sentido, la entrega de derechos de uso o concesiones ha sido un mecanismo ampliamente utilizado para asignar los recursos de la forma más eficientemente posible e incentivar la inversión, ya que genera un mercado regulado del recurso hídrico. Sin embargo, existen múltiples críticos de este método, en especial cuando se trata de recursos naturales públicos como el agua, pues se critica que cerca del 90% de las concesiones estén en manos de empresas mineras. Lo que -supuestamente- atentaría con la provisión de agua a hogares[3]. Además, se argumenta que las concesiones no han sido capaces de lograr abastecer de agua potable y saneamiento a lugares pobres y rurales de Chile[4].

Cabe preguntarse, entonces, dónde debiesen ubicarse los esfuerzos de la nación para resolver esta preocupante situación y si las reformas recientes, incluyendo la propuesta de Nueva Constitución, van en la dirección correcta.

Recomendaciones de la ONU y Reforma al Código de Aguas: un primer acercamiento

En primer lugar, en 2021 La Organización de las Naciones Unidas (ONU)[5] emitió un informe con recomendaciones para que Chile pueda alcanzar sus metas hídricas a 2030. Dichas recomendaciones se pueden resumir en tres principales tópicos: 1) reconocer el derecho al agua, 2) mejorar los sistemas de información y gobernanza de cuencas, y 3) aumentar la inversión en infraestructura, tecnología e innovación.

Ahora bien, en abril de 2022 se publicó la Reforma al Código de Aguas[6], luego de 11 años de tramitación. Esta reforma incluye puntos que justamente van en concordancia con las recomendaciones entregadas por la ONU. A manera de ejemplo, reconoce que el agua potable y el saneamiento son derechos humanos “esenciales e irrenunciables”. Además, se establece que cada cuenca deberá tener un “Plan Estratégico de Recursos Hídricos”. Con respecto a la inversión en infraestructura, tecnología e innovación, destaca la creación un fondo con el objetivo de promover la investigación, innovación, y educación del recurso hídrico. Por último, declara que las concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico podrán tener una extensión máxima de 30 años.

Nueva Constitución: efectos en el problema de escasez.

La actual propuesta constitucional tiene algunas similitudes con la reforma al Código de Aguas. Por ejemplo, el artículo 26 declara que se garantizará el derecho al agua y al saneamiento. Sin embargo, también se realizan cambios sustanciales. Por ejemplo, en los artículos 12 A y D, los cuales mencionan que el agua es un bien inapropiable, sobre el cual el Estado podrá otorgar autorización de administración de su uso, pero sin derecho a propiedad ni un plazo determinado.

¿Qué efectos pueden tener sobre la escasez hídrica del país la reforma al Código de Aguas o los artículos propuestos en el borrador de la nueva Constitución? La principal diferencia entre las antiguas concesiones (“derechos”) y lo ofrecido en la nueva constitución (“autorización de administración”) es que la primera realiza esfuerzos para generar innovación e inversión, dejando claras las reglas y derechos de las concesiones. Mientras que, en la segunda, las futuras concesionarias no tendrán claro los plazos de sus concesiones y, en caso de expropiaciones (que dado otros artículos como el artículo 20 es más fácil de conseguir por parte del Estado), no hay reglas claras acerca de sus compensaciones.

En conclusión, dado este escenario de escasez hídrica, es de extrañarse que los esfuerzos y foco de discusión en la posible nueva Constitución no hayan estado centrados en tratar de asignar de la mejor manera posible dicho recurso escaso, incentivando la innovación e inversión, tal como propone la OCDE y se incluyó en la reforma recientemente aprobada.


[1] Pastor, C. (2022, 2 mayo). Cartas: Reforma del Código de Aguas en tiempos de escasez hídrica. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2022/05/02/cartas-reforma-del-codigo-de-aguas-en-tiempos-de-escasez-hidrica/#:%7E:text=Al%20a%C3%B1o%202022%2C%20el%2050,falta%20de%20acceso%20al%20agua

[2] Tirole, J. (1988). The theory of industrial organization. MIT press.

[3] Mundaca, R. (2022, 26 febrero). La privatización de las aguas en Chile viola los derechos humanos. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2012/02/17/la-privatizacion-de-las-aguas-en-chile-viola-los-derechos-humanos/

[4] Fau, C. E. D. D. (2020, 22 junio). Una pandemia de privatización del agua: pobreza y falta de agua en Chile. Universidad de Chile. https://www.uchile.cl/noticias/164526/una-pandemia-de-privatizacion-del-agua-pobreza-y-falta-de-agua-chile

[5] ONU (2021, febrero). Escasez Hídrica en Chile: Desafíos Pendientes. https://chile.un.org/sites/default/files/2021-03/PB%20Recursos%20H%C3%ADdricos_FINAL_17%20de%20marzo.pdf

[6] Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/04/06/43222/01/2110374.pdf

Alerta económica: Ignacio Briones y Alejandro Micco analizan el proyecto de Constitución

En un nuevo episodio del podcast «Contrafactual» de El Líbero, conducido por el socio de FK Economics, Jorge Fantuzzi, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto al ex subsecretario de esa cartera, Alejandro Micco, comentaron los alcances económicos de la propuesta constitucional que será plebiscitada el 4 de septiembre.

Ignacio Briones es un ingeniero comercial, economista, político y académico chileno.

Fue Ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Alejandro Micco es un economista, académico, investigador y consultor chileno. Fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.