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El populismo financiero de Gino Lorenzini

Felices y Forrados, con casi 10 años, ha logrado crear una base de creyentes en sus predicciones. El Banco Central y expertos piden que se le regule y cuestionan sus resultados.

A las 11 de la noche del martes, Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados (FyF), explicó, desde “un rincón de Europa” y lágrimas de por medio, una supuesta triangulación entre las inversiones de la familia Piñera, la administradora de fondos Moneda Asset y las AFP, que ha sido desmentida al menos dos veces por la Superintendencia de Pensiones. Lo que llamó la atención no fueron los datos presentados, sino la cantidad de usuarios que se conectaron a verlo: más de 30.000 en Facebook y 12.000 en YouTube.

FyF, creada en 2011, ha logrado levantar una base de creyentes en su modelo de predicción de rentabilidad de los fondos de pensiones y recomendaciones de cambio entre multifondo. Un modelo cuestionado tanto en su rentabilidad como en sus efectos secundarios, y que los expertos dicen que debe ser regulado.

“Lorenzini Presidente” y “Gino a la Constituyente” eran algunos de los comentarios en la presentación en YouTube. E, irónicamente, en una empresa que recomienda qué hacer con sus ahorros en las AFP, se repite: “No+AFP”. A través de su canal virtual en vivo, Lorenzini pidió al Congreso investigar y el diputado Pablo Vidal (RD) enganchó y recolectó firmas para una sesión especial donde se tratarán las supuestas triangulaciones.

La presentación es solo una más de las apariciones en redes de FyF. En Facebook tiene 758.762 “me gusta” y en YouTube 200 mil suscritos. En su plataforma, tiene una comunidad que se reúne frente a excéntricos videos, que incluyen desde entrenamientos deportivos hasta segmentos con el periodista Juan Andrés Salfate, conocido por vaticinios de terremotos y comentarios sobre ovnis y conspiraciones.

Cada mañana Lorenzini es presentado como un líder mesiánico ante una comunidad que sigue el matinal “Desayúnate con FyF”, transmitido en vivo desde las casas de algunos participantes. El miércoles, tuvo 14.000 visualizaciones y su presentador, Daniel Manríquez, autodenominado “Halcón”, destacó el video de la denuncia del martes. “Esto es igual que cuando un artista llena un estadio, porque hay fidelidad, hay confianza”, decía respecto a la convocatoria que había logrado. Y, ante las supuestas campañas de desprestigio contra Lorenzini, Manríquez lanzó una frase aplicable a cualquier líder demagógico: “Está luchando por amor al prójimo y ha recibido los mismos castigos que han recibido todas las personas que, de alguna manera, en la historia del mundo han decidido velar por el bienestar común”.

“Cansados de tanta mentira”

Lorenzini ha sido hábil para capitalizar el descontento contra las AFP, lo que ha atraído a gente a su comunidad. Hace un mes, Daniela (prefiere no dar su verdadero nombre) se unió a FyF. Paga $2.000 mensuales por sugerencias que le llegan al mail o a una aplicación para cambiarse de multifondo. “Lo contraté por recomendación; un par de personas me dijeron que era súper bueno”, dice. Sobre Lorenzini, cree que gran parte de lo que dice “debe ser verdad”. “El hombre por algo vive fuera de Chile. Por lo que supe, lo han querido perjudicar por manejar y compartir información que a muchas personas no les conviene que se sepa”.

Carla Salinas se suscribió en mayo y dice que, en dos meses de sugerencias, recuperó $2 millones que había perdido en sus fondos a comienzo de año. “Una razón poderosa por la que los sigo es porque son profesionales serios y porque estamos cansados de tanta mentira y corrupción”, dice.

Ambas son parte de los 185 mil usuarios premium (que pagan y reciben la recomendación dos días antes), a los que se suman 85 mil básicos (usan un periodo gratuito) que, según aseguró Lorenzini en el Congreso, tiene su negocio. De ser ciertas estas cifras, FyF recibe $370 millones al mes. Según el LinkedIn de Lorenzini, maneja indirectamente US$5.000 millones con retornos sobre el 12% al año, mayor según él al que entregan las AFP.

Estas estimaciones chocan con varios estudios que demostrarían que FyF no entrega mejores rendimientos que las propias AFP y además tiene efectos secundarios en el precio del dólar e, incluso, en las propias rentabilidades de los fondos.

Pero, ¿por qué si desde hace años hay estudios que critican a FyF, la empresa sigue sumando adeptos? David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales UC y quien dirigió la Comisión que revisó el sistema de pensiones en 2014, dice que es un fenómeno ligado a la falta de conocimiento y de educación previsional. “Desde el 2002 se han realizado encuestas que muestran un gran desconocimiento sobre la materia y eso no ha cambiado mucho”, Dice. “Ese es el terreno base sobre el que operan estos asesores”.

Bravo agrega que la falta de legitimidad de las AFP también es un factor: “Hay personas que lo ven como una forma de reclamar o, al no entender bien cómo funciona, de hacer un daño a las AFP. Eso le ha dado impulso a estas recomendaciones”. Y cree que la propia publicidad lleva a creer que se puede obtener mejores rentabilidades.

Ángel González, quien es médico, se unió hace cuatro años a FyF. “Me inscribí para que mis ahorros no tuvieran pérdidas, sin conocer mucho del sistema”, dice. Ahora quiere salirse. Dice que ha comenzado a estudiar temas de inversiones y de la bolsa. “Me llegué a cuestionar muchas cosas”, dice. Y sacó cuentas. “Con todos los cambios que seguí de FyF no he ganado nada de plata, ni un 2%”, admite. Esto, pese a que en FyF hablan de rentabilidades sobre 10%. “He tenido mucha menor rentabilidad que en el fondo A”, el más riesgoso por tener más renta variable.

¿Por qué regular?

Los efectos secundarios que pueden tener las recomendaciones de empresas como FyF son una de las principales razones por las que los expertos creen que se deberían regular.

El Banco Central ha reiterado en sus Informes de Estabilidad Financiera que el aumento de las recomendaciones de cambios de fondos (24 en los últimos 12 meses) aumenta la volatilidad de instrumentos financieros. Esto, además, llevaría a que los fondos no funcionen como amortiguador de shocks externos, como lo hacían antes.

El hecho de que las AFP tengan invertido el 55% de su portafolio en el mercado de capitales local hace que los cambios repentinos sean una fuente de inestabilidad, explica José Luis Ruiz, académico de Administración en la FEN de la U. De Chile.

Y concuerda Valentina Konow, economista de FK Economics: “Considerando el tamaño de los fondos, los cambios masivos y abruptos pueden producir presiones importantes sobre los precios de los activos en los mercados locales”.

Y los movimientos repentinos de fondos pueden encarecer los costos de los créditos al subir las tasas de interés y modificar el tipo de cambio, agrega Ruiz.

Varios operadores de mesa de dinero reconocen a La Segunda que usan las recomendaciones de FyF como insumos para ver movimientos en el dólar y creen que existe el riesgo que desde FyF se esté haciendo frontrunning, es decir, utilizar anticipadamente la información que entregan para compras o vender dólares.

A la volatilidad se suma que los cambios también golpean a las personas que permanecen en los fondos, agrega Julio Riutort, director ejecutivo del Centro de Finanzas Empresariales de la UAI. “Las AFPs tienen que mantener portafolios subóptimos para el largo plazo, esto es una poderosa razón para regular los cambios”, dice.

El problema, explica Igal Magendzo, Socio de Pacífico Research, es que las AFP se ven obligadas a comprar caro y vender barato. “Perjudica la rentabilidad de los ahorros previsionales de la gente e incrementa la volatilidad”, asegura. Además, las AFP para estar preparadas han tendido a incrementar la liquidez de los fondos, “lo que es poco rentable”, admite.

Pero la regulación no sólo se debería dar por los efectos en terceros. “Cuando hay un mercado de ahorro obligatorio y con tanta asimetría de información, es necesario regular. Esto, porque hay espacio para abusar del menos informado. Los esquemas Ponzi (esquemas piramidales) son un ejemplo de eso”, dice Leonardo Hernández, profesor de la Escuela de Administración de la UC. Y FyF no tiene un buen antecedente en este sentido: Rafael Garay, quien fue condenado por hacer una pirámide, fue su director de estudios.

La regulación no es trivial, advierte Hernández. “Hay que pensarla bien”. Y, pese a que hay consenso en que se debe regular, la fórmula no es compartida.

Ruiz cree que hay que poner freno a los traspasos entre los multifondos, obligando a una permanencia mínima. Colombia, por ejemplo, permite solo un cambio cada seis meses. Riutort agrega que se podría aplicar una comisión por cambio, “para, al menos parcialmente, compensar a quienes no se cambian la distorsión en el portafolio”.

Otros expertos creen que el camino es poner requisitos a los asesores. Magendzo fue asesor financiero en el Banco de Israel y tuvo que hacer un curso y certificarse para ello. Cree que todo asesor debe aprobar cursos de regulación y ética, y estar sujeto a ser demandado si actúa en beneficio de alguien que no sea la persona asesorada.

Camino en el Congreso

En junio, el Ejecutivo ingresó indicaciones a un proyecto enviado por el segundo gobierno de Bachelet, para establecer mayores exigencias a los agentes de mercado, ampliando el concepto de asesores previsionales y poniendo límites a los cambios entre los multifondos, entre otras.

Su paso por la Cámara fue complicado. El presidente de la Comisión de Hacienda, el PC Daniel Núñez, dijo que se estaba haciendo un “corralito” con el dinero de las AFP. “Los problemas que ha tenido el Gobierno para aprobar sus propuestas tienen que ver con sus propios errores”, dice el diputado RD Giorgio Jackson. Esto, explica, porque las indicaciones excedían las ideas matrices del proyecto de 2015, por lo que las relativas a las restricciones a los cambios de multifondos fueron retiradas por el Gobierno. “Además, proponen sanciones abiertamente excesivas”.

De todos modos, la Cámara sí aprobó algunas restricciones para empresas como FyF que ahora se discuten en el Senado (en tercer trámite). Las principales son que serán fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero y que se aumentarán las penas en caso de infracciones.

 

 

Fuente: La Segunda

Más vale tarde

SEÑOR DIRECTOR

Ante el convencimiento que el proyecto originado en el Congreso para un segundo retiro de un 10% de nuestros ahorros previsionales es malo, el Ejecutivo preparó un proyecto propio con diferencias relevantes respecto del que intenta reemplazar. A saber, que el retiro pague impuestos, que sea devuelto de forma obligatoria, que solo pueda ser retirado después de usar los ahorros voluntarios, entre otros. En ese sentido, el objetivo del gobierno es reducir los efectos adversos del proyecto del retiro, siendo su propuesta un mal menor.

La estrategia planeada es que si los senadores -en su fuero interno- saben que el proyecto que recibieron de la Cámara es malo, deberían optar por su propuesta, teniendo excusas para hacerlo que no impliquen un costo político alto. Una posible excusa es que el Ejecutivo de todas maneras demoraría el retiro del 10% con el proyecto de la Cámara porque recurriría al Tribunal Constitucional. Así, se aprueba un proyecto menos popular, pero se culpa de eso al gobierno y no se sufren consecuencias.

El resultado es importante más allá de lo que implica en materia previsional. Mostraría que al Senado todavía le importa la calidad de las políticas públicas, en contraste con la Cámara de Diputados. A los diputados -de oposición y del oficialismo- les faltó capacidad de pensar en el futuro, poner el bienestar de los chilenos antes que su propia popularidad y coraje para explicar lo difícil de explicar (como que los retiros deberían pagar impuestos). Un triste resultado.

El Senado ahora tiene la oportunidad de optar por un proyecto distinto que devuelva algo de seriedad y dignidad al Congreso. Un proyecto que refleje el entendimiento que el retiro dejará un vacío financiero en el futuro cercano (tal vez cuando alguno de ellos gobierne) para el Estado, que solo perjudicará las pensiones de los chilenos, que permitirá a los más ricos no pagar impuestos y que disminuirá cualquier capacidad del Estado para una reforma seria a las pensiones. Evidenciaría que todavía quedan políticos con la capacidad de enfrentar decisiones difíciles que no son necesariamente populares y explicar con valentía por qué toman sus decisiones.

En un porfiado optimismo todavía quedamos algunos que esperamos que se llegue a un acuerdo. Por favor no socaven nuestra esperanza.

Jorge Fantuzzi

Felipe Sepúlveda

Economistas FK Economics

Fuente: La Tercera

Economía comienza a salir del abismo: modera caída y alienta números azules para últimos tres meses

Luego que el PIB anual se contrajera 9,1% en julio-septiembre, las estimaciones del mercado se abren a un rango de crecimiento de 0,5% a 2,8% en octubre-diciembre.

Tal como se esperaba, la economía chilena exhibió signos de recuperación durante el tercer trimestre. De acuerdo con el informe de Cuentas Nacionales del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 9,1% comparado con igual período de 2019, una cifra menor al histórico bajón precedente de 14,5%.

Más auspicioso aún, de la mano del levantamiento gradual de las cuarentenas provocadas por la pandemia -que ha golpeado al país y el mundo- las medidas económicas de apoyo a los hogares y del retiro de una parte de los fondos previsionales, el PIB repuntó 5,2% respecto al lapso previo de abril-junio.

“Es crucial que se materialicen las políticas de inversión pública previstas para 2021”. Felipe Ruiz, Economista Senior de BCI Estudios.

“Mantenemos una contracción de 5,5% anual del PIB para este año, aunque le agregamos un sesgo positivo”. Martina Ogaz, Economista de Euroamerica.

“Si la vacuna llega antes que la segunda ola lograríamos evitar una nueva caída del PIB”. Tomás Flores, Economista Senior de LyD.

“En la medida que llegue la vacuna y sigan los contagios relativamente bajos, no será necesario un plan adicional de medidas”. Valentina Konow, Economista Socia de FK Economics.

“Es adecuado el enfoque del gobierno orientado a apuntalar la recuperación del mercado laboral y de la inversión”. Pablo Cruz, Economista jefe de BTG Pactual Chile.

Conforme al reporte, los motores de dicha recuperación fueron “principalmente” el resultado del comercio, que estuvo apuntalado por el mayor consumo de los hogares.

Este último, de hecho, aminnoró su baja del segundo trimestre desde cifras superiores a 20% a -8,8%.

Un camino que también siguió -aunque en menor magnitud- la Formación Bruta de Capital Fijo, que disminuyó 18,5% frente a igual período del año anterior. Esto fue impulsado “mayormente por construcción y otras obras y, en menor medida, por maquinaria y equipos”, dijo el Central.

¿Qué viene?

Dado lo anterior, para el cuarto trimestre se asume un escenario de alzas de la actividad productiva.

Según las expectativas de los economistas consultados por DF, dicho incremento fluctuará en un rango entre 0,5% y 2,8%.

“La recuperación se aceleró durante el trimestre y creemos que la producción volverá a su nivel anterior a la crisis más rápido que en otras partes de la región, respaldada por una política fiscal relajada y altos precios del cobre”, destacaron desde Capital Economics.

El economista senior de BCI Estudios, Felipe Ruiz, adelantó que hay espacio para mejoras en la estimación del PIB ante una mayor aceleración de la actividad en los últimos registros debido a la reapertura de algunos sectores tras la cuarentena y el impulso del consumo privado.

Para lo que será la expansión de la economía durante 2021, el subgerente de Estudios de Econsult, Mauricio Carrasco -quien estima un avance de 4,5%- anticipa que “las positivas noticias respecto del avance de las vacunas y el segundo retiro de fondos previsionales” sustentan una revisión “al alza de nuestras proyecciones”.

Variables en las que coinciden desde Capital Economics, ya que dentro de las razones que les permite “ser optimistas sobre el desempeño económico de Chile” mencionan que “el Gobierno parece dispuesto a mantener políticas fiscales expansivas y podría permitir un segundo retiro de las pensiones privadas, lo que impulsaría el consumo en el corto plazo”.

Esto, aun cuando reconocen que “es cierto que la incertidumbre que rodea a una nueva Constitución puede pesar sobre la inversión”.

¿Nuevas medidas?

En un escenario en que el mercado se inclina por una expansión del PIB de dos dígitos en el segundo y tercer trimestre del próximo año, se advierte que el curso final sigue estrechamente vinculado al manejo de la pandemia.

Dependiendo de ello, el economista jefe de BTG Pactual Chile, Pablo Cruz, comenta que por ahora “me parece adecuado el enfoque del Gobierno orientado a apuntalar la recuperación del mercado laboral y de la inversión”.

La economista de Euroamérica, Martina Ogaz, ve como pieza fundamental que se aclare qué parte del Fondo Covid -que ya está en marcha- está destinado a 2021: “Estos recursos deberían ir dirigido hacia los sectores más afectados por la crisis sanitaria como el sector servicio”.

Con una visión ligada a la disponibilidad de la vacuna, el economista senior de LyD, Tomás Flores, asume un grado de incertidumbre en que a su juicio “es necesario realizar un plan de contingencia económica, tal como lo está elaborando el Ministerio de Salud”.

Para el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa, “probablemente” se requerirán esfuerzos adicionales centrados en el empleo y en la inversión pública. Esto, por cuanto estima que hasta ahora el consumo se ha visto impulsado por un aumento en el ingreso disponible, “lo que sería pasajero”, mientras que la incertidumbre del proceso político local podría atenuar la inversión privada.

De todas formas, el economista del Banco Santander, Gabriel Cestau, agrega que en 2021 “estaremos por debajo del nivel de actividad previo al estallido social”, lo que reforzaría más apoyo Fiscal ante un mayor ruido del proceso político interno.

Fuente: Diario Financiero

La pelea por las bolas de acero continúa: Expertos coinciden en que industria local debe adaptarse

Parlamentarios de la Región del Biobío hacen lobby para que se sigan aplicando aranceles especiales.

Es un tema que lleva años dando vueltas, pero que ahora vuelve a tomar fuerza por el lobby que están realizando los parlamentarios de la Región del Biobío por medidas que favorezcan a la industria local. Es que la industria de las bolas de acero para molienda de minerales —un insumo clave para la minería— tiene enfrentadas a Moly-Cop, empresa de capitales norteamericanos que fabrica bolas de molienda en nuestro país con el acero que le compra a la chilena CAP, con empresas importadoras del mismo insumo que traen de China más barato.

Y aunque el presidente de Estados Unidos a partir de fines de enero de 2021 no será Donald Trump, que se espera que la agenda proteccionista de varios países decaiga, no es evidente que las distorsiones en los mercados vayan a cesar.

Menos cuando en nuestro país se viene un intenso periodo electoral, donde diputados y senadores buscarán aparecer defendiendo los puestos de trabajo de sus zonas. Algunos de ellos ya se han reunido con trabajadores de Moly-Cop y autoridades de las regiones afectadas para presionar por medidas contra las importaciones desde China.

En este contexto, expertos en comercio y libre competencia creen que el tema no debiese salir de la esfera técnica, por lo que plantean que la industria local debería adaptarse a los cambios internacionales, más que pedir protecciones arancelarias constantemente.

Comprando tiempo

No es primera vez que se investiga la importación de bolas de acero. La disputa viene desde inicios de 2019, cuando la Comisión Antidistorsiones, encargada de investigar si existe dumping en los mercados, primero fijó una sobretasa aduanera provisional de 9% (mientras duraba la investigación), y luego una tasa definitiva (por un año) de 5,6% que acabó en mayo de este año.

Sin embargo, antes de que concluyera la medida arancelaria, Moly-Cop volvió a solicitar una investigación, que fue acogida en abril. Pero la comisión decidió en Agosto no fijar un arancel provisional, porque “no tenía información suficiente”. Moly-Cop presentó un recurso de reposición, pero a comienzos de octubre la comisión volvió a confirmar su decisión y ahora la investigación se encuentra en curso para evaluar si, finalmente, se fijará un arancel definitivo.

El socio de FK Economics Jorge Fantuzzi explica que la idea de fijar estas tasas para proteger a un productor local pueden terminar perjudicando a los consumidores si él no es capaz de adaptarse a los cambios internacionales. “Más importante que estar pensando en cómo proteger al productor chileno, deberíamos estar pensando en cómo hacerlo más productivo y competitivo, ahí salimos todos ganando”, dice. Además, le parece “curioso” que constantemente se necesite una protección arancelaria en este producto.

Desde CAP Acero piden competir en igualdad de condiciones, pues aseguran que “en China existen una serie de subsidios directos e indirectos a la industria, y estos son independientes de la característica de la empresa (privada o estatal)”. Lo de empresa privada es una clara crítica a algunas de sus competidoras: empresas chinas que venden en Chile a través de filiales e incluso firmas chilena que producen en el país asiático, como Elecmetal.

Si bien los acuerdos de libre comercio han intentado generar economías más globalizadas, el abogado Juan Cristóbal Gumucio de Cariola Diez Pérez-Cotapos cree que en ciertas circunstancias hay que tener resguardos que estén asegurados cuando hay competencia desleal. Por eso, dice que hace sentido que existan mecanismos de protección como las medidas antidumping, pero que son medidas transitorias para que la industria se adapte. “Al final del día, con los aranceles lo que haces es comprar un poco de tiempo para poder adecuarte a esta nueva realidad de mercado donde pareciera que tus ventajas competitivas las perdiste”, agrega.

En la misma línea, el académico UC Tomás Menchaca, sin referirse al caso en particular, dice que, de comprobarse una distorsión en los precios, los aranceles son el mecanismo correcto, pero si no, es la industria la que debe adaptarse. “Si se trata de proteccionismo y no de medidas antidumping, se estarían violando los tratados internacionales”.

 

Fuente: La Segunda

La cándidez de la “indicación Jackson”

Señora Directora:

Muchas veces los políticos dan buenos ejemplos para entender lo que está bien y lo que está mal desde un punto de vista económico. Ahora fue el turno del diputado Jackson y otros que lo acompañan. Proponen cándidamente que el costo de los seguros de los créditos sea pagado a medias entre bancos y quienes solicitan los préstamos, y no solamente por estos últimos.

En un mercado no regulado, la propuesta sería (casi) inocua. Da lo mismo quién tenga que soportar legalmente el costo, finalmente éste será compartido entre oferentes y demandantes dependiendo de sus sensibilidades al precio (lo que se conoce como elasticidad). Es decir, los bancos deberían traspasar el valor del seguro a las tasas de interés porque les aumentó el costo de dar créditos -y no porque sean malas personas como da a entender el diputado en redes sociales-.

Si al señor que vende helados le sube el precio de la leche (su costo), también tendrá que subir el precio de los helados, no porque quiera mantener su utilidad a costa de los acalorados consumidores, sino porque es lo que mejor reflejará la realidad de su negocio.

Pero este no es un mercado desregulado. Hay una tasa máxima convencional, es decir, una tasa máxima que puede ser cobrada. Si ahora el incentivo será a aumentar la tasa por el valor de los seguros, habrá gente –riesgosa- que quedará fuera del sistema crediticio, porque no se les podrá cobrar más por un crédito. Es simple, y por eso no se entiende la defensa como si fuera sólo un capricho sectorial.

¿Cuánta gente quedará fuera? En esto está en lo correcto el diputado: no lo sabemos. No lo sabemos, porque para saberlo tendríamos que hacer estudios serios y rigurosos para medir elasticidades y qué tan restrictiva es la tasa máxima convencional, y eso parece que no es trabajo de los legisladores y sus asesores, que nos nutren siempre de ejemplos.

 

Jorge Fantuzzi

Economista socio de FK Economics

 

Fuente: Diario Financiero

Impuesto a los oligopolios

SEÑOR DIRECTOR

En este mismo medio, Michel Jorratt, ex director del SII, propuso: “Por qué no pensar en impuestos a las utilidades excesivas, a los oligopolios. Eso no genera ningún efecto sobre la inversión”.

La propuesta es mala en varios sentidos. Desde un punto de vista conceptual, poner una tasa de impuesto a los oligopolios hará que aumenten los precios. Justo lo contrario a lo que se persigue. Además, sí podría generar efectos en la inversión.

Lo que corresponde es regular esos mercados y buscar la forma de reducir las barreras de entrada. Y si alguien comete un ilícito anticompetitivo, entonces hay que sancionarlo.

En términos prácticos, y aunque parezca raro, las rentas oligopólicas no se dan en todos los oligopolios. Entonces, ¿cuáles oligopolios tendrían impuestos especiales? ¿Qué se consideraría una renta excesiva? ¿Se harán estudios para todos los mercados concentrados? Eso es completamente impracticable y cualquier persona que haya trabajado en libre competencia o regulación lo sabe.

La idea de Jorratt parece hacerle honor a la idea que cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas empiezan a parecer clavos.

Jorge Fantuzzi Majlis

Socio FK Economics

 

Fuente: La Tercera

Gobierno busca mejorar cómo se mide el grado de vulnerabilidad en el país

Ministerio de Desarrollo Social instauró una mesa de trabajo con diez expertos para una exhaustiva revisión de la calificación socieconómica del Registro Social de Hogares.

Desde el 18 de agosto que diez expertos en políticas públicas -representantes de centros de estudios e investigación- están trabajando junto a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, en una exhaustiva revisión del indicador que se utiliza en el Registro Social de Hogares (RSH) para definir el grado de vulnerabilidad de los hogares del país. ¿El propósito? Mejorar su diseño.

Para ello, una vez a la semana vía zoom los economistas y académicos Ignacio Irarrázaval (Centro de Políticas Públicas UC), María Pía Martín (U. de Chile), Andrea Repetto (UAI), María Paz Arzola (LyD), Mauricio Villena (UDP), Jorge Fantuzzi (FK Economics), Javiera Troncoso (PNUD), Claudia Martínez (Instituto de Economía UC), Cristóbal Hunneus (Unholster) y Claudia Sanhueza (CEAS, Universidad Mayor) se reúnen en una mesa técnica junto a representantes de los ministerios de Desarrollo Social y de Hacienda.

Avanzar hacia una calificación socieconómica (CSE) que sea “más justa, oportuna y transparente” es lo que busca dicha instancia de trabajo técnico, que se conformó luego de que una de las principales críticas hechas desde la oposición al Gobierno es que el apoyo ante la caída de ingresos que generó el cierre de la actividad productividad -para mitigar la velocidad de contagio del coronavirus, Covid-19- ha sido tardía.

“La pandemia nos demostró que el Estado no estaba preparado para enfrentar una emergencia de esta envergadura desde el punto de vista de movilizar de manera expedita y oportuna las ayudas sociales más urgentes e inmediatas”, reconoce la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

De acuerdo con el cronograma, el trabajo -que se ha centrado en buscar espacios de mejora en la CSE que se utiliza para definir a los potenciales beneficiarios de los programas sociales del Estado- tiene plazo hasta diciembre para entregar una propuesta con cambios concretos. Estos serán parte de los insumos que utilizará la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) para definir las acciones que se realizarán durante los dos siguientes años.

Impacto en la focalización de las ayudas estatales

Acorde con las estimaciones de Candia, cualquier modificación a la CSE tiene un impacto sobre la asignación de casi 150 beneficios sociales, lo que equivale a $ 2 de cada $ 3 del presupuesto social que involucra a más de 14,2 millones de personas que son parte del RSH.

“Estamos ante una tarea tremendamente importante, en donde el trabajo colaborativo con este equipo de reconocidos expertos en materia de focalización nos permitirá identificar las mejores soluciones para robustecer este sistema”, señala Candia.

A su juicio, el desafío está en construir e institucionalizar instrumentos de focalización que logren “una asignación justa de beneficios y prestaciones sociales para aquellos que más lo necesitan”.

Para ello el desafío está en que la dirección en que se asignan los beneficios según el nivel de vulnerabilidad sea basándose tanto en la información que autoreportan los ciudadanos como en la que tiene el Estado.

Paralelo a ello, Rubilar, comenta que este trabajo pretende avanzar hacia un “Registro Social de Hogares Universal que a su vez nos permita desarrollar una institucionalidad que proteja a la clase media y eso tenemos que hacerlo antes que concluya nuestro mandato”.

¿Cómo se califica el nivel socieconómico en el Registro Social de Hogares?

El Registro Social de Hogares es una base de datos que administra el Ministerio de Desarrollo Social con información de 6.415.594 hogares, equivalentes a 14.324.261 personas, al cierre de la primera semana de noviembre.

El año pasado se incorporaron 359 mil hogares, mientras que este año a la fecha lo hicieron 975 mil.

Este catastro, compuesto por antecedentes autoreportados por las familias como también por datos entregados por distintas instituciones del Estado, sirve para la postulación y selección de los beneficios entregados por el Fisco.

Se divide en siete tramos de ingresos definidos en una escala que va entre el 40% y el 100%, en donde a menor porcentaje es mayor el grado de vulnerabilidad. Para su cálculo se utiliza la calificación socioeconómica (CSE). Este es el indicador que calibra mensualmente la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) sobre la base de un promedio de doce meses de la suma de los ingresos de las personas que componen el hogar, el número de integrantes, corregido por un Índice de Necesidades. Este, a su vez, reconoce las diferencias en gastos que enfrenta un hogar conforme a edad y grado de dependencia o discapacidad (leve, moderada o severa) de quienes lo componen.

Dado que no siempre se tiene información de todos los ingresos que reciben las personas -por ejemplo, los que provienen de trabajos informales- la CSE se construye evaluando la coherencia entre los ingresos y el valor de ciertos bienes y servicios (“medios”) a los que acceden la población, que son indicativos de un alto estándar de vida, lo que permite generar una mejor aproximación al nivel socioeconómico de los hogares.

 

Fuente: Diario Financiero

Efectos del confinamiento en la delincuencia

De acuerdo a un estudio realizado por FK Economics:

  • Se estima que las cuarentenas habrían reducido las tasas delictuales (denuncias y detenciones) en promedio en un 18,2%.
  • Los efectos de la cuarentena serían muy heterogéneos según tipo de delito, encontrándose algunos que han disminuido, otros que se han mantenido y algunos que incluso han incrementado durante la pandemia.
  • Las características que resultan relevantes para explicar la heterogeneidad son la movilidad de los delitos y el nivel de ingreso de las comunas.
    • Los delitos que necesitan mayor movilización disminuirían en 53,7% mientras que los crímenes que se realizan, en su mayoría, en la misma comuna disminuyen en un 27,2%.
    • Los resultados sugieren que en las comunas de altos ingresos, existiría una reducción de la delincuencia del 33,3%, mientras que en las comunas con mayor tasa de pobreza, el efecto del confinamiento se revertiría, provocando un aumento en la delincuencia del 14,1%.
  • Si bien la mayoría de los efectos son consistentes con lo esperado, hay casos en que la disminución resulta contraintuitiva, como ocurre con la disminución de los casos de violencia intrafamiliar que disminuyó en un 27% por las cuarentenas.

Accede al Confinamiento y delincuencia, FK Economics

Cheque en blanco constitucional

Por Jorge Fantuzzi, economista socio de FK Economics

Después de los resultados del plebiscito ronda la idea de que Chile no está polarizado, y que solo hay un par de comunas aisladas -donde ganó el Rechazo- que generan la ilusión de un país polarizado. Creo que esta conclusión es un error. No se puede concluir lo anterior a partir de la aplastante mayoría que votó a favor de modificar la Constitución. No sé si el país está o no polarizado, pero al menos es dable considerar que es más heterogéneo que la votación del plebiscito.

El casi 80% que obtuvo el apruebo es diverso. Por esta opción votaron personas de todos los colores políticos (también de derecha), que vieron que esta opción se adecuaba más a lo que quieren para el país, independiente de su sector político. Por ejemplo, alguien de derecha pudo haber votado por el Apruebo con la esperanza de que esta opción permita un diálogo constructivo que ayude a dejar atrás la violencia y el descontento. Basta ver que los representantes del oficialismo en diferentes partidos también estuvieron por el Apruebo.

Además, viendo los datos, se observan correlaciones entre abstención y preferencia por la derecha que permiten intuir que parte del electorado afín al oficialismo no habría votado en el plebiscito y sí podrían salir a votar por sus candidatos para que los representen en la Convención. Tal vez algunos se quedaron en sus casas porque sabían que la derrota era inminente, pero no se quedarán en la casa a la hora de elegir a sus representantes.

La diversidad que votó por el Apruebo es importante. Reconocer que la sociedad chilena tiene muchas preferencias tiene consecuencias estratégicas y prácticas. Estratégicas en la conformación de pactos, y prácticas en el debate de la nueva Constitución.

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No es razonable pensar, por ejemplo, que la Convención tendrá un 80% de representantes de la izquierda y la centroizquierda. La derecha aparecerá en las preferencias de los ciudadanos y elegirán miembros de la convención -más allá del 20%. Lo anterior implicará que, durante el desarrollo de la Convención, esas preferencias también se verán reflejadas. Alcanzar los dos tercios requerirá negociación y acuerdos con la centroderecha.

Por otra parte, reconocer esta diversidad tiene consecuencias de corto y mediano plazo, aparte de la discusión constitucional. Sería un error pensar que el 80% del Apruebo le “pertenece” a algún sector de la centroizquierda (como algunos dan a entender). En el proceso de deliberación de las políticas públicas que urgen realizar, los parlamentarios tienen que entender que el 80% no votó a favor suyo, votó por cambiar la Constitución, que son dos cosas muy distintas. Lo mismo vale para la próxima elección presidencial. No cabe duda que ningún sector la tiene ganada, independiente de la elección del 25 de octubre pasado.

El mensaje es simple: es cierto que la victoria fue rotunda, pero eso no es un cheque en blanco para nadie y ninguna circunstancia. Necesariamente se tendrá que dialogar (lo que en mi opinión es bueno).

Ahora empieza el trabajo de verdad para los partidos. Deben, en primer lugar, conformar pactos competitivos y elegir buenos candidatos para la Convención. Asimismo, deben generar debate y proponer a la ciudadanía un modelo de Constitución y los contenidos que ésta debería tener. Y si no es mucho pedir, ojalá sean lo más constructivos posible en la elaboración de políticas públicas que nos permitan capear las nefastas consecuencias de la pandemia.

 

Fuente: Voces, La Tercera

Comentario al libro “Determinación del lucro cesante: una mirada económica”, de Jorge Fantuzzi y María Victoria Edwards

“…El hecho de que ambos autores hayan participado activamente en algunas de las contiendas más importantes en materia de avaluación de perjuicios del país sin duda ha contribuido a la calidad de este trabajo, que estamos seguros será muy bien recibido por jueces, ya sean ordinarios, especiales o arbitrales, abogados, economistas, estudiantes, así como los exponentes de otras disciplinas…”

Álvaro Ortúzar y Juan Sebastián Valdés
Como abogados, siempre nos ha parecido estimulante que profesionales de otras disciplinas analicen, a la luz de sus particulares conocimientos, instituciones que han estado tradicionalmente ligadas al Derecho. Lo anterior, debido a que en la mayoría de los casos estos análisis aportan ideas novedosas que vienen a desafiar nuestro conocimiento y entendimiento de dichas instituciones.

Por esta razón, nos parece particularmente importante el libro de los autores Jorge Fantuzzi y María Victoria Edwards, ya que es de aquellas obras que constituyen un aporte elogiable al estudio de un tema especialmente difícil de abordar.

En concreto, en este libro se analiza de una manera amena y didáctica, pero rigurosa, un tema respecto del cual si bien se ha escrito, como es el lucro cesante, ahora se hace desde una mirada nueva, ya que aborda este complejo asunto, desde el análisis de su determinación, con el auxilio de la economía, la estadística y las finanzas, disciplinas que, en general, son rehuidas por los abogados.

Sin lugar a dudas, a medida que las relaciones comerciales se complejizan y que las personas se ven expuestas a mayores riesgos de sufrir daños, producto de las acciones o actividades desarrolladas por otros, el tema de la determinación de los perjuicios originados por un eventual incumplimiento contractual o un hecho dañoso, se hace mucho más complejo.

Basta analizar los casos que actualmente se están ventilando ante distintos tribunales ordinarios, especiales o arbitrales, para constatar que la determinación del monto de los posibles perjuicios es, sino el más, uno de los asuntos intensamente debatidos y sobre el cual más actividad despliegan las partes.

Lo paradójico es que, a pesar del esfuerzo intelectual y pecuniario desplegado, muchas veces estos casos terminan siendo resueltos en base a informes técnicos o periciales, que en muchas oportunidades no son cabalmente entendidos por quienes los aportan al pleito, ni por el tribunal que hace confianza en los especialistas, ya que ni los unos ni los otros cuentan con las herramientas personales para hacer un análisis crítico adecuado de su contenido y conclusiones.

Es precisamente en esto donde podemos encontrar el principal valor de esta obra. A través de un lenguaje claro explica diversos conceptos que son particularmente complejos y nos muestra cómo la economía, la estadística y las finanzas nos entregan herramientas útiles para entender la lógica de la avaluación de perjuicios, en particular del lucro cesante, aprovechando, en el intertanto, de derribar ciertos mitos sobre la aplicación práctica de estas disciplinas en un asunto que siempre se ha entendido como eminentemente jurídico.

Así, los autores, después de un breve capítulo introductorio en el que explican el objetivo buscado con esta obra, en el segundo capítulo del libro entran de lleno y sin rodeos a intentar definir los conceptos de daño y lucro cesante, apoyándose para esto en algunos de los principales autores nacionales que han escrito en el último tiempo sobre la materia y analizan cuáles son los elementos que se deben considerar para realizar una estimación del lucro cesante, dentro de los cuales destacan la determinación del denominado escenario contrafactual, que es el escenario que habría ocurrido si no se hubiese producido la conducta que ocasionó el perjuicio, y el ejercicio mismo de la avaluación de los perjuicios, que se calcula estimando la diferencia entre el escenario real y el contrafactual.

En el tercer capítulo se adentran en el análisis de un aspecto clave, como es la diferencia entre causalidad y correlación, para terminar señalando que es precisamente gracias al desarrollo de herramientas estadísticas que permiten distinguir entre uno y otro concepto, que es posible encontrar efectos causales en el contexto de la avaluación de un lucro cesante.

En el cuarto capítulo, los autores abordan lo que constituye el corazón de su obra, y que se refiere a las principales metodologías o técnicas utilizadas para determinar el lucro cesante en un caso concreto. Así, los autores explican los métodos ‘Antes-Después’, ‘Diferencias en Diferencias’, ‘Mínimos Cuadrados Ordinarios’, ‘Variables Instrumentales’ y ‘Efectos Fijos’, junto que explicar sus ventajas y desventajas para cada tipo de casos.

En el capítulo quinto se definen y explican, en términos sencillos pero certeros, diversos conceptos económicos de gran utilidad, como los distintos tipos de costos que resulta importante considerar al calcular el lucro cesante en un caso concreto, así como también se explican los conceptos de intereses y valor presente y la diferencia entre los distintos tipos de tasas de interés.

En el capítulo sexto, los autores se refieren a los distintos mecanismos que se pueden utilizar para valorizar una empresa, diferenciando entre el Método de Flujos de Caja Descontados y el Método de Valoración por Múltiplos, presentando una comparación entre ambos.

En el capítulo séptimo, los autores entran a analizar un asunto particularmente discutido en nuestro derecho, como lo es la pérdida de una chance, haciéndose cargo de la discusión jurídica relativa a la procedencia de indemnizar por este concepto, y para el caso que se opte por la afirmativa, explicando distintas herramientas que se pueden utilizar para este objeto, como la Ley de Laplace, el Teorema de Bayes y la Probabilidad Estadística. Asimismo, explican las limitaciones de la estadística para ayudar a resolver estos casos.

En el capítulo octavo se analiza otro aspecto importante y discutido como lo es el Efecto Pass Through, que resulta particularmente importante en el análisis de perjuicios ocasionados por infracciones a la libre competencia.

Finalmente, en el capítulo noveno los autores cierran su obra destacando la importancia de que se reconozcan los puntos de encuentro entre Economía y Derecho y proclaman su deseo de que, con el tiempo, las herramientas descritas en el libro sean cada vez más utilizadas, reconociendo que ciertamente queda mucho por avanzar en estas materias.

No podemos cerrar estas breves palabras sin reconocer la calidad profesional de Jorge Fantuzzi y María Victoria Edwards, y destacar cómo esa calidad se refleja en este libro. El análisis de los diversos temas tratados y la capacidad de explicar temas complejos de manera sencilla es posible cuando los temas se conocen no solo teóricamente, sino en la práctica.

El hecho de que ambos autores hayan participado activamente en algunas de las contiendas más importantes en materia de avaluación de perjuicios del país sin duda ha contribuido a la calidad de este trabajo, que estamos seguros será muy bien recibido por jueces, ya sean ordinarios, especiales o arbitrales, abogados, economistas, estudiantes, así como los exponentes de otras disciplinas que quieran introducirse a este apasionante y desafiante tema.

* Álvaro Ortúzar Santa María y Juan Sebastián Valdés Rojas son socios de Ortúzar, Vergara y Boetsch.

 

Fuente: Mercurio Legal