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Empleo en Gran Santiago anota mayor caída en 38 años y la construcción pierde 160 mil plazas

De acuerdo a la Encuesta de Ocupación y Desocupación de Microdatos de la Universidad de Chile, la tasa de desempleo llegó a 14,1% que equivale a 436.308 personas desocupadas en la capital.

El desempleo es uno de los principales canales de transmisión que tiene la crisis sanitaria en la economía y en el diario vivir de las personas. Eso lo están mostrando todos los sondeos dedicadas a medir esta variable.

Ayer fue el turno de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago del Centro de Microdatos de la U. de Chile. Esta mostró que el empleo anotó una caída interanual de 16,9% equivalente a 541.138 empleos perdidos. Es, además, su mayor baja en 38 años (1982).

Si bien la tasa de desempleo llegó a 14,1% que equivale a 436.308 personas desocupadas en el Gran Santiago, es 1,5 puntos porcentuales más baja que la observada en marzo de 2020, y 5,7 pp sobre la de junio de 2019. El hecho que la tasa de desempleo esté por debajo de la de marzo, se debe a que las personas se están retirando de la fuerza de trabajo.

De acuerdo al sondeo, esta variable cayó 11,4%, es decir, 400.411 personas. Este hecho hace que no haya una mayor presión hacia el mercado laboral. De esta forma, la tasa de participación pasó en 12 meses de 63,1% a 54,3%.

La encuesta contabilizó 2.612.000 personas inactivas, de las cuales 400 mil no buscaron empleo debido a la pandemia, a pesar de que estaban disponibles para trabajar. Si esas personas se consideran activas, es decir, buscando empleo, la tasa de participación laboral subiría a 61,3%, mientras la tasa de desempleo llegaría a 23,8%.

La directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, sostuvo que “cuando estas personas empiecen a buscar a trabajo pasara a ser desempleados por lo que sí se puede decir que es una olla a presión” para el mercado laboral.

Del grupo de los ocupados, un 30,6% son trabajadores inactivos temporales o ausentes y de ellos el 38,4% están acogidos a la Ley de Protección al Empleo, por lo tanto, reciben ingresos del Seguro de Cesantía.

SECTORES. El análisis según actividad económica refleja un desplome del empleo en Construcción de 47,7%, es decir, casi uno de cada dos puestos de trabajo en ese sector se perdió, lo que equivale a 160 mil plazas laborales. Le sigue Servicios personales y del hogar, con una merma de 148 mil empleos (-43,2%); y Comercio, con una baja de 15,8%, que representan 117 mil puestos menos.

También cayeron Servicios comunales y sociales (-10,7%), Servicios de Gobierno y financieros (9,7%) y Servicios de transporte y otros (-8,9%). En cambio el empleo en Industrias Manufactureras muestra un alza de 5,0%, aunque bajó respecto al trimestre anterior (-5,4%).

Jorge Fantuzzi, economista socio de FK Economics, afirma que “no es raro que en épocas de crisis el desempleo aumente y también disminuya la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo disminuye porque las personas que quedan sin trabajo se dan cuenta que no es fructífero seguir buscando empleo porque la crisis lo dificulta mucho y prefieren salir del mercado laboral”.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, comenta que “estas cifras muestran una gran contracción del empleo, no solo de la demanda, sino también de la oferta (aunque la demanda cae más, lo que explica el aumento del desempleo)”.

La economista agrega que “tenemos por delante una tarea enorme de volver a insertar a millones de trabajadores al mercado, y en ese tema aumentar la cotización previsional para un reparto es totalmente contraproducente”.

 

DATOS

  • 11,4% cayó la fuerza de trabajando en un año, lo que equivale a 400.411 personas..
  • 54,3% es la participación laboral que se registró en junio. La cifra es mejor al 63,1% que se tuvo en junio del año pasado.

23,8% llegaría la tasa de desempleo si se consideran a los inactivos.

• ¿Qué ha pasado? La tasa de desempleo llegó a 14,1% que equivale a 436.308 personas desocupadas en el Gran Santiago, según la encuesta de Microdatos de la U. de Chile.
• ¿Por qué ha pasado? La fuerza de trabajo cayó 11,4%, es decir, 400.411 personas. Este hecho hace que no haya una mayor presión hacia el mercado laboral.
• ¿Cuáles son los sectores más afectados? La Construcción anotó una caída de 47,7% y Servicios personales y del hogar una merma de 43,2%, seguido por las caídas en Comercio 15,8% y Servicios comunales y sociales con -10,7%.

Trabajadores con contrato suspendido ya llegan a 710 mil

En un nuevo balance semanal, la Superintendencia de Pensiones, informó que hasta el 9 de agosto hay 710 mil trabajadores con contrato suspendido. De ese total, 163.686 corresponden a la actividad del comercio y 148 mil a construcción. Asimismo, el total de empresas acogidas a la ley llegan a las 116.012. De ellas, el 77,4% son microempresas, 17,6% pequeñas, 3,2% medianas y 1,1% grandes empresas. En cuanto a los trabajadores con reducción de jornada, el reporte informó que superan ya las 40 mil personas, siendo nuevamente el comercio quien tiene la mayor cantidad de personas bajo esa condición con 11.358 trabajadores. Le sigue más atrás transporte y almacenamiento con 5.771. En tanto, las trabajadoras de casa particular con contrato suspendido llegan a las 18.296.

 

 

Fuente: Pulso –  La Tercera

Estudio revela impacto en acciones tras la designación de mujeres en cargos de directorios de empresas

Según el estudio, los precios de las acciones reaccionan a la baja en el corto plazo cuando se designa a mujeres, pero su presencia en directorios mejora el retorno de activos en el largo plazo.

El mercado bursátil sigue teniendo un prejuicio negativo contra las mujeres. Un diagnóstico que encuentra evidencia en el principal reflejo de sus expectativas y creencias: los precios. Según un estudio de la consultora FK Economics, las acciones de las empresas que nombran a una mujer en el directorio tienen peor rentabilidad de corto plazo que el resto del mercado.

La conclusión la obtuvo al analizar el desempeño en el mercado de los papeles que componen el IPSA, tras anunciarse cambios en la conformación de sus mesas de directores durante los últimos 10 años, utilizando una metodología de estudio de eventos que analiza el comportamiento de los retornos accionarios anormales.

De acuerdo a la investigación, si el cambio en el directorio de una firma involucra el ingreso de al menos una mujer, se espera un retorno acumulado anormal de 2,268 puntos porcentuales menor que en el caso en el que no entrase ninguna.

Este mal desempeño de corto plazo contrasta con el retorno de largo plazo de las firmas. El mismo estudio encuentra que no hay diferencias entre el desempeño de las empresas en el largo plazo si es que tienen o no mujeres en sus directorios. Incluso, al medir el desempeño de largo plazo usando el retorno de los activos, se encuentra también un leve efecto positivo al contar con una mayor presencia de mujeres. ‘La evidencia muestra que en ningún caso la mayor presencia de mujeres afecta negativamente el rendimiento real de la firma de largo plazo’, dice Valentina Konow, economista socia de FK Economics. ‘Estos resultados plantean la necesidad urgente de entender las razones que hay detrás de este pesimismo para poder abordarlas de buena manera’.

El estudio, no obstante, recoge el crecimiento que ha tenido la presencia femenina en estas instancias estratégicas de las empresas: en 2010, solo siete de las empresas del IPSA contempladas en este estudio contaron con al menos una mujer en algún momento del año. Esta cifra subió a 22 empresas el año 2019. En 2010, de todas las veces que se incorporó un(a) director(a) nuevo(a) en una de estas empresas del IPSA, un 12,5% de las veces ingresó al menos una mujer. En 2019, esta cifra asciende a 42,9%. El máximo de mujeres en un directorio nunca ha sido mayor a tres en estas empresas.

‘Este estudio nos muestra la existencia de sesgos inconscientes’, dice Maribel Vidal, vicepresidenta de McCann Worldgroup y directora de Red de Mujeres de Alta Dirección. ‘Si bien estos sesgos responden al contexto cultural de cada país, es importante tomar conciencia de su existencia, así como entender que la incorporación de mujeres a cargos de alta dirección y en posiciones de poder debe ser vista como un proceso de complementariedad natural, donde se incorporan talentos de hombres y mujeres en igualdad de condiciones’.

De acuerdo al estudio de la consultora FK Economics, si el cambio en el directorio de una firma involucra el ingreso de al menos una mujer, se espera un retorno acumulado anormal de 2,268 puntos porcentuales menor que en el caso en el que no entrase ninguna.

Fuente: El Mercurio

Efecto en empresas: quiebras aumentarían solo 2%

La mayor crisis económica en décadas parece no estar teniendo un impacto tan fuerte en las empresas. Al menos, no por el momento.

Según un índice de la consultora FK Economics, el número de solicitudes de procedimientos de liquidación tendría solo un aumento leve, de 2%, en lo que va del año. ‘Entre enero y marzo vimos un incremento en la cantidad de procedimientos de liquidación. Sin embargo, entre abril y junio no vemos lo mismo’, explica Valentina Konow, economista socia de FK Economics.

Una posible explicación para la relativa estabilidad en las cifras es que las estrategias del Gobierno para amortiguar los efectos severos de la crisis en las empresas hayan funcionado. ‘La ley de suspensión temporal del empleo ha sido clave en mantener las empresas en hibernación mientras pasa la pandemia. A esto se suma el shock de liquidez que han significado los créditos covid. Estas estrategias previenen la quiebra de muchas empresas”, dice Konow. Sin embargo, alerta que, de todos modos, el promedio de solicitudes aumentaría los próximos meses.

 

Fuente: La Segunda

Impuesto a la riqueza: mala idea

Desde la oposición se ha propuesto un impuesto transitorio a la riqueza de 2,5% a todos quienes posean más de $22 millones de patrimonio, lo que permitiría recaudar 6.500 millones de dólares (cerca de 2,5% del PIB de Chile).

En el mundo, los impuestos a la riqueza han tenido resultados mixtos. Las principales críticas son que el impuesto tiene un alto costo de administración (que diluye sus beneficios) y genera movimiento de capitales hacia destinos, que no se encuentran gravados.

En Chile, hoy no existe un impuesto a la riqueza propiamente tal, sino que están el impuesto a la herencia (0,03% del PIB), contribuciones (0,6% del PIB) y a las transacciones financieras y de capital (0,22% del PIB), totalizando una recaudación de 0,85% del PIB . Adicionalmente, este año se creó el impuesto a las propiedades de alto valor (avaluadas en más de 200 millones de pesos) . Sin embargo, este sólo permitiría recaudar USD200 millones adicionales, es decir, 0,06% adicional.

Sin perjuicio de lo anterior, existe espacio para aumentar el impuesto a los inmuebles. Este impuesto sería más fácil de administrar y permitiría lograr un resultado similar al impuesto a la riqueza, propuesto por la oposición. Adicionalmente, este mayor impuesto sería permanente y no solo transitorio. En definitiva, los eventuales costos de administración y la posibilidad de que se genere una fuga de capitales, justo en el momento en que se debe reactivar la economía, la hacen una medida contraproducente en este período. ¡Mala idea!

VALENTINA KONOW ECONOMISTA SOCIA DE FK ECONOMICS-
Fuente: Diario Financiero

Chile perdería una década de la batalla contra la pobreza y la desigualdad

El menor dinamismo económico, el desempleo y la caída de ingresos harán retroceder indicadores sociales.
Es lunes en la tarde y un grito rompe el letargo de la cuarentena en Providencia. ‘¡Comida! ¡Ropita! ¡Lo que sea de su voluntad!’, repite una pareja empujando un carro. Horas más tarde suenan otros gritos, de otras personas. Un sonido que hace varios años no se oía en esta zona de la capital.

La pandemia ha golpeado fuerte a la economía: el segundo trimestre terminó con una contracción de 13% del PIB y la destrucción del empleo alcanzó el 20%. Y ambos, crecimiento y empleo, tienen incidencia directa en otros indicadores del desarrollo: pobreza y desigualdad.

‘La caída de la ocupación y por consiguiente de los ingresos laborales van a aumentar en grado muy significativo la pobreza y la desigualdad de ingresos’, dice Osvaldo Larrañaga, académico de la Escuela de Gobierno UC. Según proyecciones, Chile podría perder una década en la lucha por disminuir estos dos factores.

Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics, calcula que, con una contracción económica esperada para 2020 de entre 7,2% y 8%, la pobreza por ingresos podría pasar de 8,6% (Casen 2017), a entre 8,9 y 9,3%. Pero, el crecimiento es solo un factor. Considerando el desempleo de dos dígitos alcanzado el último trimestre, dice que la pobreza podría llegar hasta 12,1%. Eso significa 400 mil nuevos pobres.

Dante Contreras, académico de la FEN U. de Chile, es más pesimista: estima que alcanzará 15% este año. Con esto, se volvería a niveles no vistos desde el 2013.

El mal escenario sería peor sin las ayudas entregadas por el Gobierno. ‘Algo se ha amortiguado’, admite Contreras. Concuerda Fantuzzi: sin la Ley de Protección al Empleo, estima que la pobreza podría haber llegado a 19,5%.

Distribución del ingreso

En desigualdad, un factor más difícil de proyectar, también se perdería una década. Contreras estima que el Gini (medida en la que 0 representa total igualdad) pasaría del 0,45 según la Casen 2017, a 0,47. Un número no visto desde 2009. ‘La desigualdad aumenta porque la caída de empleo e ingresos no ha sido pareja, sino que ha afectado más fuertemente a determinados sectores económicos y regiones del país’, dice Larrañaga.

Solo en términos de desempleo, los quintiles más pobres (1 al 4) pasaría del 12% al 16%, mientras que el quintil más rico de 5% a 8%. ‘En escenarios así, lo que uno ve es que en quintiles más pobres los ingresos caen 25%, una cifra súper alta y eso va a generar incrementos en la vulnerabilidad’, dice Contreras.

Las cifras, sin embargo, pueden no reflejar de manera fidedigna el golpe. Contreras advierte que el Gini es muy sensible a lo que ocurre en los rangos medios, pero la mayor parte del golpe se dará en la parte baja de los ingresos. Y Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, advierte que se necesitan indicadores complementarios para medir el real impacto, en especial, debido al rezago en mediciones como la Casen.

Efectos a largo plazo

‘Hay que separar efectos de corto plazo de los de largo plazo’, advierte Contreras. Es que, si bien los apoyos del Gobierno amortiguarán el golpe, no hay que perder de vista el largo plazo. ‘La recuperación del empleo es a mediano plazo, ahí se juega las condiciones de bienestar para los próximos 2 o 3 años’, dice. Pero, advierte, hay sectores donde esto puede ser más lento, ya que han perdido capacidad de recuperar puestos de trabajo destruidos por la pandemia.

A largo plazo, además, se da un círculo vicioso: una mayor desigualdad y el menor crecimiento de los ingresos tiene efectos negativos en el crecimiento económico. Por un lado, limitan la inversión en capital humano y la movilidad social, lo que golpea la productividad. Y, por otra parte, ambos factores, como se vio el 18-O, son un factor determinante para la inestabilidad social y política.

>>0,47 es el Gini estimado para 2020. Un número no visto desde 2009.

>>19,5% podría haber alcanzado la pobreza sin los apoyos del Gobierno.

Fuente: La Segunda

Imacec: Números azules llegarían recién en octubre

La actividad económica sigue impactada por la crisis sanitaria. Esta mañana el Banco Central (BC) dio a conocer el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que cayó 12,4% en comparación con igual mes del año anterior.

Si bien se trata de una caída menos pronunciada que en los dos meses anteriores, cuando fueron aplicadas las medidas más restrictivas de confinamiento, abril (-14,1%) y mayo (-15,3%), estos números demuestran que la recuperación económica va a ser más compleja de lo esperado y que los números positivos, que en principio se esperaban para el tercer trimestre, recién podrían verse en los últimos meses del año.

Ojos puestos en el cuarto trimestre

De acuerdo con la información emitida por el BC el Imacec minero fue el que amortiguó el golpe, creció 2,2%, mientras que el no minero cayó 14%. A su vez, las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera.

Nuevamente, y como era de esperar, en los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes y hoteles, y servicios empresariales.

Con estos números sobre la mesa, las proyecciones de los economistas auguran que recién en el cuarto trimestre se verá una recuperación, en línea con la mirada que hay en Hacienda.

‘La reactivación del comercio exterior está moderando parte de la caída de los servicios, por lo cual al levantarse masivamente la cuarentena podríamos ver cifras azules a partir de octubre’, dice el economista de LyD Tomás Flores.

Concuerda la economista socia de FK Economics Valentina Konow, quien con un poco más de optimismo, cree que para septiembre se podrían empezar a ver números azules. ‘Lo anterior depende muchísimo de cómo siga la evolución de la tasa de contagio, en particular para las regiones mineras’, sostuvo.

Pero antes de que llegue esta recuperación seguiremos viendo números rojos.

Desde Scotiabank anticipan para julio una caída de la actividad entre 11% y 13%, que de concretarse ‘confirmaría que el PIB 2020 va camino a una contracción mejor que el 6% de nuestro escenario base’, aseguran.

El subgerente de estudios de Econsult, Mauricio Carrasco cree que en julio probablemente el registro de Imacec será similar al de junio, mientras que en agosto dice que se vería una mejora más notoria en la actividad ‘producto del inicio del desconfinamiento y el efecto del retiro del 10% en la demanda, llevando a cerrar el año con una contracción de 6,5%’, sostiene.

Fuente: La Segunda

Nuevas Liquidaciones de Empresas a la Baja: En Julio se Estima un Aumento de Solo 9%

  • De acuerdo a su propio índice, la consultora de economía y finanzas estima que el número de solicitudes de procedimiento de liquidación en Chile aumentaría levemente con respecto a los últimos 3 meses, acercándose a las cifras de febrero y marzo del presente año.
  • Comparando el total de procedimientos de liquidación entre enero y junio de 2020 con los mismos meses del año anterior, las regiones que muestran un mayor aumento son: Los Lagos (100%), Tarapacá (91%) y Arica y Parinacota (71%). En tanto, la región Metropolitana acumula el 46,8% de los procedimientos ingresados por Liquidación de activos de la empresa deudora en 2020.

Utilizando los mismos datos de las predicciones anteriores, FK Economics actualizó sus predicciones sobre el número de liquidaciones de empresas para julio, y la probabilidad de que la cifra vaya aumentando en los próximos tres meses.

En junio, los procedimientos de liquidación de empresas aumentaron solo 2% con respecto a mayo, y un 1% con respecto de junio de 2019. Según predicciones de la consultora, esperan que para julio exista un aumento cercano a 9% con respecto al mes anterior, donde hubo 143 solicitudes. En caso de cumplirse este escenario, existiría un aumento de 2% en el total de  liquidaciones entre enero y julio de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Con respecto al número estimado de liquidaciones para este mes, Valentina Konow, economista socia de FK Economics, indica que “En este caso, nuestras proyecciones indican que el número de procedimientos de liquidación debería aumentar levemente con respecto al mes pasado, pero no debiese existir un salto importante con respecto a cifras vistas previamente este año”.

Figura 1. Procedimientos Concursales de Liquidación de Activos de la Empresa Deudora (2019-2020)

Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de la SUPERIR.

A pesar de lo anterior, el indicador aun sugiere que el promedio de solicitudes debería aumentar para los próximos tres meses, pero con una tendencia menor a la vista anteriormente. “Entre enero y marzo de 2020, vimos un aumento en la cantidad de procedimientos de liquidación con respecto a los mismos meses del año anterior. Sin embargo, entre abril y junio no vemos la misma relación, específicamente en el último mes para el cual la cifra en ambos años fue muy similar. Por lo mismo, dado este escenario y el nivel de incertidumbre en la economía, esperamos que el promedio de solicitudes aumente durante los próximos meses, pero resulta complejo predecir con certeza el número” agrega Konow.

Liquidaciones a nivel regional

La región Metropolitana acumula el 46,8% de los procedimientos ingresados por  Liquidación de activos de la empresa deudora en 2020.

Comparando el total de procedimientos de liquidación entre enero y junio de 2020 con los mismos meses del año anterior, las regiones que muestran un mayor aumento son los Lagos (100%), Tarapacá (91%) y Arica y Parinacota (71%). Por el contrario, las regiones de los Ríos, la Araucanía y el Maule muestran disminuciones de más del 20%. En la región Metropolitana existió un aumento de tan solo un 1% entre ambos periodos.

En términos de los casos de Covid-19 acumulados a nivel regional, Tarapacá (que ha visto un aumento considerable en las liquidaciones) presenta un 2,4% de la población contagiada, mientras que las regiones de la Araucanía, los Ríos y los Lagos presentan una tasa inferior al 0,5%. En el caso de la región Metropolitana, la cifra alcanza un 3,5%.

Por su parte, de acuerdo al Indicador de Vulnerabilidad Regional de FK Economics (el cual considera la magnitud de los sectores comercio, restaurantes y hoteles), la región más vulnerable corresponde a la Metropolitana (19,2%), seguida por Tarapacá (11,0%) y La Araucanía (10,0%); y las menos vulnerables corresponderían a la Región de Antofagasta (4,0%) y la de Atacama (5,0%).

“No encontramos una relación consistente entre la variación en el número de procedimientos de liquidación en regiones y la vulnerabilidad económica según sus sectores económicos más relevantes. Probablemente lo anterior tiene relación con la heterogeneidad regional en el país, donde la mayoría de las liquidaciones y casos de contagio se dan en la región Metropolitana, y una cantidad mínima en regiones como Aysén” indica Konow.

Liquidaciones y Desempleo

Analizando la relación entre los procedimientos de liquidación y el desempleo, la consultora indica que la tasa de desocupación para el trimestre móvil abril-junio de 2020 podría seguir aumentando. Valentina Konow indica que “Relacionando el número de liquidaciones con la desocupación, creemos que en junio esta podría aumentar un 5% con respecto al mes anterior, manteniéndose sobre el 11%. Si comparamos la cifra con el mismo trimestre móvil del año anterior, esto implicaría un aumento de más de 60%”.

Adicionalmente, es importante tener en consideración las medidas de protección al empleo. La tasa de desocupación a nivel nacional para el trimestre móvil marzo-mayo de 2020 fue 11,2%. Sin embargo, los ocupados ausentes (quienes tiene ocupación pero estuvieron ausentes de esta), categoría en la cual se encuentran los trabajadores acogidos a la Ley de protección del empleo, aumentaron en 149,8% en doce meses, equivalente a 689.278 personas. Si consideramos a estas personas como desempleadas, la tasa de desocupación llegaría a 19,4%. “Resulta relevante monitorear esta cifra durante los próximos meses, puesto que en caso de  recurrir en menor forma a esta medida, podríamos observar un mayor aumento en el desempleo” sugiere Konow.

Reorganizaciones

En este caso, la consultora incorporó en el análisis los procedimientos de reorganización de la empresa deudora. La consultora, al igual que en el caso de las liquidaciones, indica que el número de reorganizaciones debiese mantenerse dentro del margen de los últimos meses. “Sin embargo, cabe destacar que las solicitudes de reorganización son una parte menor de los procedimientos concursales. En efecto, la mayoría de las regiones no presentan solicitudes en esta categoría, y el total de reorganizaciones a nivel nacional en 2020 han sido 25”, indica Konow.

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados intensivos para el emprendimiento

En el libro “En búsqueda de la productividad perdida”, Leatherbee, Frías y González señalan que el emprendimiento es uno de los factores que tiene efectos relevantes sobre el crecimiento, el empleo y la redistribución de la riqueza. Profundizan explicando que según amplia evidencia académica, uno de los canales por los que el emprendimiento afecta la productividad de los países es la transmisión de conocimientos e innovación.

Intuitivamente no nos debería llamar la atención. Cuando pensamos en emprendimiento, generalmente nuestra primera idea es sobre empresas tecnológicas que venden productos innovadores. Efectivamente, esas empresas son emprendimientos y cumplen un rol importante en el desarrollo de los países.

Sin embargo, hay muchos otros emprendimientos que no son necesariamente innovadores. Una panadería, una lavandería, un almacén, una faena agrícola, también son algunos ejemplos de emprendimientos. Emprender implica comenzar algo nuevo, independiente si es innovador o no. Estos emprendimientos también impactan en nuestra economía.

En Chile está lleno de emprendedores. De ellos dependen muchas familias. En algunos casos representa la fuente de ingresos del hogar y en otros casos implica, además, el desarrollo –en un sentido integral- de proyectos y sueños personales o profesionales. El emprendimiento abre puertas, genera oportunidades y, por lo tanto, es también una palanca de movilidad social. No es exagerado decir que el emprendimiento en Chile es un motor de desarrollo social y económico.

Por eso san tan importantes las políticas que se están preocupando ahora de miles de emprendedores. Si muchos emprendimientos fracasan o desaparecen por culpa de la pandemia, implica un golpe a los ingresos de las familias y a su desarrollo, pero también a todos los chilenos. La recuperación económica insoslayablemente será más difícil y lenta si muchos emprendimientos cierran sus puertas o no se dan las condiciones para que se creen nuevos emprendimientos. Por el contrario, si los emprendimientos son capaces de sobrevivir a esta terrible crisis, la recuperación económica será más orgánica y menos traumática. Si a eso le sumamos apoyo durante el periodo de reactivación para facilitar la creación de nuevos emprendimientos, mejor todavía.

Es la hora de ampliar capitales semilla de Corfo, Sercotec y Fosis, reducir barreras burocráticas a la entrada a los mercados, capacitar a los que no pueden operar con normalidad todavía y facilitar (o incentivar) la inversión privada de venture capital a través de diferentes mecanismos. Tampoco hay que olvidar a muchas fundaciones que apoyan el emprendimiento en diferentes formatos. Todo esto sumado a los beneficios en materia tributaria y de préstamos con garantías estatales que ya se están dando y, por cierto, de nuevas políticas como Start Up Ciencia que viene a refrescar el abanico de posibilidades que tienen los emprendedores. El presupuesto en base cero que se está proponiendo es una gran oportunidad en este sentido. Por otra parte, un gran riesgo es que el clima de descontento y crispación política generen tanta incertidumbre que resulte imposible emprender una vez que se levanten las barreras sanitarias.

Es clave que no nos olvidemos de los emprendimientos en estos tiempos de pandemia para que ellos puedan devolverle la mano al país cuando volvamos -aunque sea en parte- a la normalidad.

 

Jorge Fantuzzi, economista socio de FK Economics

 

Estado asumiría US$ 690 millones en garantías por préstamos Covid

Un 45% de dicho costo estaría asociado a la siniestralidad de las mypes y un 28% a la de las medianas empresas.

Si una empresa no consigue pagar los llamados créditos Covid, el Estado debe hacerse cargo. Ese es, en breve, el sistema implementado a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), con el objetivo de proveer de liquidez para enfrentar el fuerte impacto económico de la pandemia del coronavirus. A través del Ministerio de Hacienda, el Gobierno licitó garantías estatales por un total de 184,8 millones de UF (unos US$ 6.670 millones) entre los bancos para que estas instituciones entreguen créditos con bajas tasas, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.

La consultora FK Economics estimó la probabilidad de no pago de los distintos segmentos de acuerdo con el tamaño de la empresa, con el correspondiente costo que implicaría para el Estado, considerando que el reglamento señala que las garantías no cubren los intereses, por lo que en caso de no pago, la garantía solo aplicaría sobre el monto principal del crédito. “El costo esperado para el Estado de las garantías usadas a la fecha asciende a UF 17.666.388, en torno a US$ 645 millones’, dice Valentina Konow, economista socia de FK Economics. ‘Si se utilizara la totalidad de las garantías asignadas, el costo esperado ascendería a UF 18.890.928, es decir, alrededor de US$ 690 millones”.

Para el cálculo, la firma asignó probabilidad de impago o siniestralidad a cada segmento de empresa por su tamaño. El estudio señala que una manera de definir esa siniestralidad es ver casos anteriores como la crisis subprime, cuando la tasa de no pago llegó al 9%. ‘Está ampliamente documentado en la literatura económica que la conducta de pago de las empresas de menor tamaño es peor que la de las grandes empresas, por lo que asumir que todas tendrán un 9% puede resultar bastante optimista’, señala Konow. Por ello se optó por diferenciar la siniestralidad de acuerdo a las provisiones que establece la CMF según las clasificaciones de deudores individuales. Se asumió que las mypes, medianas y grandes empresas tendrían la misma pérdida esperada que los deudores individuales que la CMF clasifica como B2, B1 y A6, según su riesgo. Esto es, se les asignó una siniestralidad de 20,350%, 13,875% y 9%, respectivamente.

Al aplicar estas tasas de siniestralidad, se obtiene el costo que implicaría para el Estado la ejecución de esas garantías. Bajo estos supuestos, alrededor de un 45% de dicho costo estaría asociado a la siniestralidad de las mypes y un 28% a la de las medianas empresas.

‘Lo relevante de esta política es que es relativamente barata, toda vez que las garantías se ejecutan sí y solo sí las empresas hacen default’, dice Konow. ‘En un contexto de incremento de deuda pública, esto hace que sea una buena política para abordar el riesgo sistémico que tiene la quiebra masiva de empresas’.

Fuente: El Mercurio, Economía y Negocios.

ACCEDE AL ESTUDIO COMPLETO ACÁ: Cálculo ingresos créditos Covid-19

Cuatro explicaciones al proyecto del Gobierno y una duda que persiste

La batería de propuestas dirigidas hacia la clase media que presentó ayer el Presidente Piñera y que llamó Plan Fortalecido de Protección de la Clase Media espera beneficiar a 1 millón 288 mil personas y, con él, tratar de detener el avance del proyecto que busca retirar el 10% de los ahorros de las AFP.

Las iniciativas del Gobierno van desde un bono de $500 mil, hasta la postergación del CAE y de las contribuciones. Según el informe financiero, requerirá de un aporte del fisco de US$ 1.697 millones y sería financiada con parte de los US$12 mil millones del acuerdo económico alcanzado entre el Ejecutivo y la oposición.

El anuncio ha mantenido ocupado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Entre la tarde de ayer y esta mañana se paseó por canales de TV y explicando las medidas. Pero, pese a sus intentos y a que este proyecto lo lleva trabajando por tres semanas, según dijo, quedan varias preguntas dando vueltas. Y hay algunas respuestas.

1.¿Clase media sin ayuda?

‘Lo encuentro malo porque efectivamente deja gente fuera. Entonces mientras no me expliquen cómo metemos a esa gente, no me gusta’, dijo el alcalde de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín, esta mañana en Canal 13. ‘No lo podemos votar a favor así’, agregó. Con esto el edil se sumó a otras críticas de la oposición, como la del diputado DC Matías Walker, quienes advirtieron que parte de la clase media estaría quedando fuera de los beneficios.

Lavín señaló que hay grupos relevantes de personas que son ‘el corazón de la clase media’ que por diversas razones tienen un sueldo distinto al formal y que no estarían siendo incluidas. Su ejemplo: un garzón que tiene como salario $300 mil, pero que en propinas suma $800 mil.

Las condiciones a cumplir para acceder al bono de $500 mil, según la minuta entregada por Hacienda, son: ‘los trabajadores dependientes que se encuentren cesantes, con contrato suspendido o sueldos reducidos, así como a los empresarios individuales que tenían ingresos pre-crisis mayores a $500.000 y que sus ingresos hayan caído un 30% o más como consecuencia de la crisis covid-19 y que no hayan recibido el Ingreso Familiar de Emergencia’.

Pero un grupo importante de personas podría tener más ingresos que los requeridos para ser beneficiario del IFE, pero menos que los $500 mil con los que se accedería al bono de clase media. Al parecer, habría habido un error en la definición de los beneficiarios en el tramo de ingresos mensuales de $400 mil a $500 mil, ‘el eslabón perdido’ lo llamó un funcionario de gobierno, pero desde el Ministerio de Hacienda no respondieron oficialmente para aclararlo.

2. ¿Montos involucrados?

El plan para la clase media no sería barato. De los más de US$1.000 millones que el fisco deberá desembolsar, el bono de $500 mil costaría alrededor de US$ 800 millones en total, asumiendo que el 100% de las personas lo va a pedir.

El préstamo, por su parte, llevaría a movilizar US$660 millones del Estado. De ese monto, según fuentes de Gobierno, se estima que no se recuperará el 25%, es decir, alrededor de US$200 millones (similar porcentaje al que se preveía en el préstamo para independientes).

En la consultora FK Economics creen que, sin embargo, el costo dependerá de qué tan duro sea el golpe en la economía. Calcularon tres escenarios posibles de gasto fiscal para el bono, donde el conservador y el intermedio están en línea con las expectativas de Hacienda. Sin embargo, en un escenario pesimista, con 6,5 millones de trabajadores que se habrían visto afectados (por despido, ley de protección al empleo o recorte salarial) en el período, casi 2 millones recibirían el beneficio del Estado, con lo que solo el costo del bono subiría a US$ 1.217 millones.

3. ¿Más plata para la clase media que para los pobres?

Una duda que se repitió en las diversas entrevistas que realizó Briones entre ayer y hoy era por qué si a una familia pobre de 4 personas les llega una ayuda de $400 mil pesos con el IFE, a una persona de clase media le llegarán $500 mil. ‘La respuesta para aquello es considerar que el IFE no es por un solo mes, puede ser hasta por 4 meses y en consecuencia ese monto agregado es mayor’, explicó el ministro. Además, el informe financiero del proyecto considera que beneficiarios del IFE puedan recibir como complemento a ese ingreso el bono de $500 mil.

En términos acumulativos tampoco la ayuda sería mayor para la clase media. Solo el IFE ya supera los US$ 2 mil millones, a lo cual habría que sumar las otras medidas que se han realizado para los deciles más vulnerables.

4. 13% de los US$12 mil millones

Este proyecto se une a otras iniciativas que se están financiando con los US$12 mil millones acordados con la oposición como techo de gasto fiscal para los próximos 24 meses.

El apoyo a la clase media representa un 13% de este fondo.

5. ¿Compatible con el retiro del 10%?

El proyecto del gobierno surgió en gran parte como respuesta a la iniciativa parlamentaria que busca retirar el 10% de los ahorros de las AFP, como una ayuda de liquidez para la clase media. Una iniciativa que ha sido criticada por expertos de todos los sectores políticos.

Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo no bloquea de por sí el avance del retiro de fondos de las AFP, el cual puede seguir su curso en el Congreso. Por esto, el anuncio del presidente Piñera de ayer no se limitó a la batería de ayudas, sino que hizo un llamado a conseguir un acuerdo, a la brevedad, en la Reforma de Pensiones que lleva más de un año en el Congreso.

Y el ministro Briones fue esquivo al ser consultado si este plan es compatible con el retiro del 10% de las AFP: ‘Hemos insistido: nos parece una mala política pública porque debilita la construcción de una buena pensión que es un desafío fundamental. Hoy el Presidente nos ha mandatado (a los ministros de Hacienda y Trabajo) a buscar un acuerdo en el más breve plazo de forma tal de avanzar en una reforma estructural de nuestro sistema de pensiones’.

 

>>US$1.697 millones comprometerá el Gobierno en su proyecto de ayuda a la clase media.

>>82,8%p refiere retiro de AFP vs. plan del gobierno

El 88,4% está de acuerdo o muy de acuerdo con el proyecto de retiro del 10% de sus ahorros en las AFP, según una encuesta de Activa Research a 715 personas de todo el país. Al optar, el 82,8% prefiere retirar sus fondos de las AFP frente al 12% que prefiere el Plan Fortalecido de Clase Media ofrecido ayer por el Gobierno. El 71,3% prefiere dinero en efectivo en vez de cajas de mercadería, pero igual porcentaje está de acuerdo o muy de acuerdo con que el Gobierno las reparta. Un 64,3% plantea que sus ingresos del mes no le alcanza para sus gastos totales del hogar y un 29,3% dice que le alcanza justo. El 20 de junio, un 41,7% decía estar de acuerdo o muy de acuerdo con el Plan de Protección de Clase Media original. El de ayer, solo 32% lo aprobó.

 

Fuente: La Segunda