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Los Premios Nobel de Economía 2021 y el Arbitraje

Por Jorge Fantuzzi Majils

Recientemente se entregó el premio Nobel de Economía 2021. Esta vez recayó sobre tres economistas de gran trayectoria y trascendencia que hace rato se lo merecían. A diferencia de otros años en que el premio fue para reconocer contribuciones en áreas de la economía como finanzas, competencia imperfecta, superación de la pobreza, política monetaria, u otras, en esta ocasión el Nobel fue para destacar el aporte de los autores: David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, en métodos cuantitativos de inferencia causal.

¿Qué significa esto? Es simple, supongamos que queremos evaluar el efecto de una política pública, por ejemplo, una capacitación a trabajadores. La primera tentación sería comparar el salario de los trabajadores capacitados con los no capacitados. Lamentablemente, esa comparación estará sesgada porque ambos grupos son diferentes (y en consecuencia incomparables), a saber, porque los capacitados pueden ser más motivados, interesados en su trabajo o esforzados, lo que justamente hace que sean más proclives a capacitarse.

Otra opción podría ser comparar únicamente los sueldos de los trabajadores capacitados, pero antes y después de la capacitación. Nuevamente los resultados estarán sesgados porque los sueldos pueden cambiar por muchas razones exógenas o diferentes a la capacitación, como por ejemplo, porque la economía crece mucho en ese periodo, o cualquier razón similar.

A partir de estas dificultades, muchos economistas han dedicado sus carreras a buscar métodos que permitan inferir causalmente cuál sería el resultado de una política pública como la capacitación, es decir, comparar el resultado de la capacitación para los trabajadores que sí se capacitaron y compararla con el resultado que habrían obtenido esos mismos trabajadores –no otros- si no se hubiesen capacitado, excluyendo factores exógenos, o sea, sólo los resultados como consecuencia de la política pública.

Se preguntarán qué relación tiene esto con el arbitraje. En mi experiencia, bastante.

Cuando hay que estimar lucro cesante, también hay que hacerse la pregunta del efecto causal de un hecho (dañoso) sobre, por ejemplo, los resultados de la empresa. Lo que nos interesa es saber cuánto habría, por ejemplo, vendido y, en consecuencia, ganado esa empresa –y no otra- si no hubiese sufrido el hecho. Además, al igual que en el caso de la capacitación, hay que despejar cambios exógenos que pueden afectar los resultados. En definitiva, hay que cuantificar cuánto de la caída de las ventas de la empresa se deben al hecho, y cuánto se debe a que la demanda del producto cayó o aumentó, según corresponda.

En consecuencia, las técnicas que han desarrollado estos reputados economistas se pueden usar (y de hecho se usan) en el contexto del arbitraje, para determinar y cuantificar el lucro cesante.

Lo anterior implica un desafío. Muchas veces estas técnicas exigen un nivel de sofisticación estadística que a veces es difícil de explicar a personas que no tienen formación en estos temas. Esto hace que los economistas tengan el reto de lograr que su trabajo sea entendible y creíble. Para lo anterior, es fundamental un lenguaje simple y explicaciones amigables. Sólo requiere un esfuerzo adicional por parte del experto que está haciendo el cálculo.

En suma, le debemos bastante a economistas como los laureados este año con el Nobel de economía, no sólo en evaluación de políticas públicas, también en el mundo del arbitraje. El desafío es que los avances sean usados y comprendidos.

 

Fuente: CIAR Global.

Aspectos económicos de la Constitución. Alternativas y propuestas para Chile, de varios autores – Discusión constituyente adelantada

Valentina Konow V.

Calificado como «lectura obligatoria» para quienes quieran aportar y construir en la discusión constitucional, lo que sigue es un análisis del libro recientemente publicado por el Centro de Estudios Públicos, algo que se podría considerar como un ensayo del ejercicio en que consistirá discutir una Constitución.

El libro «Aspectos económicos de la Constitución», editado por Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, es, en mi opinión, una lectura obligatoria para futuros constituyentes, pues provee de una revisión sustancial de contenidos fundamentales para la nueva Constitución, y entrega simultánea y brevemente, la opinión de personas muy capacitadas en las distintas materias.

El libro está organizado de manera tal que la lectura de cada aspecto revisado se hace fácil y, como mencioné previamente, la argumentación provista para cada propuesta es sustanciosa.

Es relevante comentar que este libro fue escrito de una manera poco convencional. Se reunió a un grupo de profesionales de diferentes tendencias políticas, ligados a la economía y las políticas públicas, y se conformaron subconjuntos de ellos para quedar a cargo de la elaboración de algunos de los distintos capítulos del libro, cada uno dedicado a algún elemento económico de la Constitución. Posteriormente, cada uno de los convocados pudo opinar respecto de las propuestas que hicieron los responsables de cada capítulo.

Además de los editores, participaron redactando capítulos Sebastián Claro, profesor de economía de la PUC y exvicepresidente del Banco Central; Pablo Correa, economista que actualmente se desempeña como vicepresidente del Banco Estado; Luis Eduardo Escobar, economista y consultor independiente; Sylvia Eyzaguirre, filósofa e investigadora del CEP; Andrea Repetto, académica de la UAI y presidenta de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Jorge Rodríguez, exinvestigador CIEPLAN y vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo; y Claudia Sanhueza, directora del centro de economía y políticas sociales de la Universidad Mayor.

Los subgrupos de autores se conformaron pensando en que idealmente no estuvieran de acuerdo ex ante y se les pidió que hicieran un esfuerzo para llegar a una propuesta en común.

El primer capítulo se trató de la iniciativa presidencial exclusiva en materia de gasto público y fue escrito por Rodríguez y Vergara, el segundo capítulo, escrito por Claro y Repetto, tocó el tema del proceso presupuestario, el capítulo sobre la forma del Estado y la gestión fiscal fue escrito por Correa y Rodríguez, el cuarto capítulo, referente al Banco Central, fue escrito por Claro y Valdés, la propiedad privada fue el tema del capítulo quinto, escrito por Escobar y Vergara, el sexto capítulo sobre el agua y la minería en la Constitución fue escrito por Repetto, Sanhueza y Valdés, el séptimo capítulo fue escrito por Eyzaguirre y Sanhueza, quienes tocaron el tema de los derechos económicos y sociales, finalmente el octavo capítulo sobre el rol subsidiario del Estado fue escrito por Correa, Escobar y Eyzaguirre.

En mi opinión, este libro tiene dos virtudes importantes para destacar.

La primera, como ya se insinuó, es que las propuestas son serias y razonadas, elaboradas usando evidencia empírica, la experiencia de otros países y la propia experiencia de los autores. Como cualquier lector podrá apreciar, las propuestas no son antojadizas o dogmáticas, como abundan en las discusiones actuales de políticas públicas.

«La segunda virtud del libro creo que es la más importante. El trabajo realizado es una especie de adelanto de lo que podría ser la discusión constitucional. Si la nueva Constitución fuese una película, este podría ser el trailer».

La segunda virtud del libro creo que es la más importante. El trabajo realizado es una especie de adelanto de lo que podría ser la discusión constitucional. Si la nueva Constitución fuese una película, este podría ser el trailer. No sólo es interesante leer las propuestas, también es muy útil e interesante leer las opiniones de los otros autores al final de cada capítulo. En dichas opiniones se reflejan obviamente diferencias, igual a las diferencias que habrá en la Convención Constituyente.

Me parece interesante mencionar que, si bien en muchas de las opiniones manifestadas en el texto se expresa una voluntad de buscar acuerdos, de realizar un trabajo deliberativo que llegue a un buen resultado, el texto también da cuenta de la dificultad de llegar a acuerdo sobre temas relevantes entre personas muy capacitadas (e incluso con formaciones similares). Evidencia de lo anterior se da en el capítulo que aborda la Constitución y los derechos económicos y sociales, temática en la cual las autoras no lograron desarrollar una propuesta conjunta. A esta evidencia se suma la existencia de desacuerdos respecto del rol de Estado que debería considerar la nueva Constitución.

Lo anterior pone en duda la capacidad que va a tener el proceso constituyente venidero de dar respuestas a las enormes y diversas expectativas ciudadanas y, al mismo tiempo, releva el rol que tendrá el reglamento de la Convención, el que debe ser redactado de una manera en la que se promueva alcanzar acuerdos.

Finalmente, este libro permite vislumbrar el enorme desafío que enfrentan el nuevo grupo de constituyentes a elegir: lograr que el nuevo texto constitucional sea un texto cohesionado y una verdadera Carta Magna que refleje al Chile actual y a la vez permita su desarrollo y el de sus habitantes de una mejor manera que el documento que lo precedió.

 

Fuente: Revista Átomo.

The Economic Effects of Constitutions, de T. Persson y G. Tabellini – Un libro pertinente

Jorge Fantuzzi M.

En medio del proceso constituyente chileno, es imposible no recordar el libro de Persson y Tabellini, publicado en 2003 y orientado a encontrar «el eslabón perdido» entre los sistemas constitucionales y la política económica. Si bien el campo de investigación en el tema se ha ampliado con los años, el modelo propuesto en este trabajo – que cruza la teoría con los hechos – puede ser de utilidad en las inminentes discusiones constitucionales de nuestro país.

Modificar elementos económicos centrales de nuestra Constitución – como son la independencia del Banco Central, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en el gasto o la protección a la propiedad privada – obviamente tendrá repercusiones en términos de crecimiento y bienestar. Aunque se quiera plantear la duda, no hay mayor debate serio al respecto. Sin embargo, hay otras características de las constituciones, como el tipo de sistema electoral o la forma de gobierno, entre muchas otras, que – sin ser obvias – también tienen impacto en el crecimiento económico de los países.

La premisa básica de esta idea es que las decisiones de políticas públicas dependen de nuestras preferencias (por quién votamos, sus programas de gobierno, las políticas que proponen), pero también de las reglas del juego que hemos decidido para esas políticas públicas. Estas reglas del juego – la Constitución – son los límites dentro de los cuales se puede mover el diseño de una política pública.

A su vez, las reglas del juego también dependen del desempeño económico de las políticas públicas. Malos resultados económicos pueden llevar a decidir nuevas reglas del juego para elaborar políticas públicas diferentes, y así sucesivamente. Es decir, las características de las constituciones, más allá de lo evidente, tienen repercusiones en términos económicos. En otras palabras, las pautas que rigen el poder político son una herramienta poderosa para cambiar el desempeño económico de los países.

Pensemos algunos ejemplos de reglas del juego para el caso chileno y sus efectos: ¿tendríamos las mismas políticas públicas si el Presidente se pudiera reelegir en su cargo? Se podría argumentar, en este caso, que si el Presidente pudiera ser reelegido, en su primer mandato tendría incentivos para hacer muchas políticas efectistas pero incorrectas técnicamente, para aumentar sus probabilidades de reelección (casi una justificación de la demagogia). Así, podemos hacer suposiciones sobre los efectos en las políticas públicas que implica cualquier cambio a una regla. Por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos un sistema unicameral en lugar de uno bicameral como es ahora, si no tuviéramos Tribunal Constitucional, si tuviésemos plebiscitos revocatorios de ciertas autoridades, si pudiéramos elegir democráticamente autoridades judiciales, si se distribuyera más el poder político en regiones. ¿Cuáles serían las repercusiones e impacto económico de cada una de estas decisiones?

Pensemos también en ejemplos de lo que ya ha ocurrido en Chile. Hace no mucho se modificó el sistema binominal. Esto cambió la forma en que los partidos y candidatos se organizan para competir y cómo los diputados electos discuten sus proyectos. También cambió el voto «semiobligatorio» por uno voluntario, lo que nuevamente cambió los incentivos de los políticos respecto de lo que proponen e impulsan.

«Podemos hacer suposiciones sobre los efectos en las políticas públicas que implica cualquier cambio a una regla. Por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos un sistema unicameral en lugar de uno bicameral como es ahora, si no tuviéramos Tribunal Constitucional, si tuviésemos plebiscitos revocatorios de ciertas autoridades, si pudiéramos elegir democráticamente autoridades judiciales, si se distribuyera más el poder político en regiones».

En definitiva, los políticos toman decisiones diferentes dependiendo de los incentivos que enfrentan. Esas decisiones no son mejores o peores, simplemente son diferentes y tienen efectos en las vidas de las personas y en el desarrollo económico de los países.

Resultados en cuestión

Esta idea – que las características de las constituciones pueden tener efectos económicos – fue lo que llevó a Torsten Persson y Guido Tabellini, en el libro The Economic Effects of Constitutions a confrontar teoría y datos para cuantificar la forma en que algunas de estas características afectan variables como el crecimiento, el gasto público o la productividad.

A Persson y Tabellini no sólo los motivan correlaciones bien documentadas, sino efectos causales que permitieran extraer conclusiones. Es decir, tal como ellos mismos señalan, buscan responder preguntas como cuánto más (o menos) crecería Argentina si tuviera un sistema parlamentario en lugar de uno presidencial o Inglaterra si cambiara de un sistema mayoritario a uno proporcional.

El desafío que se impusieron los autores no es trivial. Como los resultados económicos de los países moldean las preferencias de sus ciudadanos, y a su vez, esas preferencias pueden cambiar las constituciones, no es evidente qué produce qué al mirar los datos. Es decir, no es fácil establecer si un país es desarrollado porque tiene un determinado elemento en su constitución, o si tiene ese elemento en su carta magna porque es un país desarrollado. Por esto, es necesario echar mano a técnicas estadísticas sofisticadas para separar las correlaciones de efectos causales. Leer el libro no es fácil. Además de tener una cuota importante de jerga económica y estadística (resultado justamente de esa necesaria sofisticación), hay que saber navegar en un mar de diferentes ejercicios, que varían en la metodología, las variables de interés (productividad, gasto, corrupción, entre otras) y de control, las fuentes de los datos y los tipos de preguntas que se les hacen a los datos. Es fácil marearse entre tanto ejercicio y discusión. Sin embargo, si se lee con calma, aparecen con claridad sus contribuciones.

Algunos de sus resultados son que los sistemas de gobierno presidenciales y los sistemas electorales mayoritarios (en oposición a sistemas parlamentarios y proporcionales, respectivamente) tienen un menor gasto en el aparato público como porcentaje del PIB, que sistemas electorales pequeños aumentan la corrupción y la ineficiencia del Estado, y que no es muy claro el efecto de diferentes diseños constitucionales en variables como la productividad.

Algunos de los resultados de Persson y Tabellini han sido debatidos después de su publicación. Por ejemplo, el influyente economista Daron Acemoglu publicó un artículo en que analiza el trabajo y, sin desmerecer su aporte, explica sus dudas respecto de la correcta interpretación causal que se pueda hacer de sus resultados. Sus dudas, que son de un corte académico, no pretenden morigerar el aporte de los autores, más bien lo dejan como un punto de partida de futuros esfuerzos para tratar de responder estas difíciles preguntas. A partir de lo anterior es que se han publicado trabajos que usan bases de datos más amplias y llegan a algunos resultados más débiles que los documentados en el libro que reseñamos.

Pese a las diferentes miradas después de su publicación, lo rescatable es el intento por usar comparaciones entre países y datos, no sólo ideas, para entender el efecto que tienen nuestras decisiones en el ámbito constitucional. El libro a veces se menciona como un hito en la disciplina de economía política porque contrasta vasta teoría con datos que las confirman o rechazan.

Ahora, lo más interesante, en mi opinión, es pensar cómo usaremos estas ideas en la discusión constitucional en Chile. No sólo habrá discusiones respecto de lo que en términos valóricos o normativos es mejor, de lo que esperamos para el país, o de las mejores formas de organizarnos. También se deberían considerar los incentivos que cada una de las decisiones generará sobre los actores políticos en el corto plazo y cómo eso puede afectar nuestras vidas. Este punto es especialmente importante considerando que la discusión constitucional se dará en Chile en paralelo a la crisis económica más profunda de la historia reciente.

¿Habrá preparación entre los candidatos (o entre los elegidos) para pensar en esos términos? ¿Se considerará la evidencia, respecto de cualquiera de los posibles resultados de las decisiones, como parte de los insumos para discutir? ¿O serán discusiones sólo declarativas, rozando en lo utópico, lo que quedará plasmado en la nueva Constitución? Ya veremos.

Por otra parte, también es importante pensar cómo adecuaremos nuestras instituciones, más allá de la discusión constitucional, para que nos aseguren seguir avanzando en la senda del desarrollo. Lo que queda fuera de la Constitución pero que genera incentivos a quienes hacen políticas públicas, también es relevante (por las mismas razones), pero lamentablemente está bastante más olvidado. ¿Cómo mejoramos nuestra institucionalidad actual con las herramientas que las reglas del juego vigentes nos permiten? Esa es una pregunta que siempre nos deberíamos estar haciendo.

Fuente: Revista Átomo.

Los 12 abogados chilenos más importantes en materias de Arbitrajes

La pandemia gatilló una intensa actividad en esta área del litigio, sin embargo, las aguas no se ven muy calmadas para lo que viene.

El año pasado y parte de este ha sido intenso en materia de arbitrajes. Los cambios en las condiciones contractuales gatillados por los efectos de la pandemia multiplicaron el trabajo de los especialistas en litigios de esta naturaleza, lo que se sumó a la ya habitual demanda por esta práctica. De ahí que la prestigiosa publicación inglesa, Global Arbitration Review (GAR), junto a su publicación hermana, Who’s Who Legal haya sumado nuevos nombres a la lista de especialistas locales en su guía 2022.

En la banda principal se ubicaron, una vez más; Andrés Jana (Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados -BMAJ-), Gonzalo Fernández (Carey), Felipe Ossa (Claro & Cia), Cristián Conejero (Cuatrecasas) y Elina Mereminskaya (Wagemann Abogados & Ingenieros), grupo al que se sumó este año Juan Eduardo Figueroa del estudio Figueroa, Illanes, Huidobro & Salamanca Abogados.

Mientras en la categoría de Futuros Líderes-Socios, que busca destacar a los especialistas del área con más proyección y que tengan hasta 45 años, destacaron Mónica Van der Schraft (Garrigues), Rodrigo Gil (BMAJ) y Francisco Aninat (Bofill Escobar Abogados), quienes se sumaron a Francesco Cámpora (Loy Letelier y Cámpora), que fue el único destacado en esta misma área el año anterior. Cabe señalar que para este tramo hubo 26 nominados.

En tanto, en la categoría de Líderes Asociados, este año debutó Victoria Demarchi (BMAJ) y se mantuvo Cristóbal Serralde (Garrigues).

Como es habitual, Who’s Who también destaca la labor de expertos que complementan la actividad del arbitraje. En este caso el reconocimiento fue para Jorge Fantuzzi y Juan Pablo Philippi de FK Economics (consultora económica especializada en Litigios y Arbitrajes), y como Futura Líder del área, la mención fue para María Victoria Edwards, también de FK Economics.

Lo que viene

Y, mientras los conflictos derivados de la pandemia están en retirada, los protagonistas locales de este ranking ponen su foco ahora en la discusión constitucional y los potenciales cambios regulatorios.

“En el plano de las relaciones entre privados y el Estado, el tema constituyente está levantando un desmedido y apresurado temor de posibles arbitrajes de inversión”, asegura Rodrigo Gil, quien agrega que para dichos casos habrá que distinguir bien aquellas medidas que puedan ser calificadas realmente como expropiatorias y/o discriminatorias de una específica inversión protegida bajo el derecho internacional.

En ese sentido, Felipe Ossa –quien la semana pasada fue al Congreso a explicar las posibles consecuencias internacionales que traería un nuevo retiro de los fondos desde las AFP y rentas vitalicias- recalca la preocupación de las empresas chilenas y extranjeras por la incierta situación del país y las medidas que adopte el Estado, “que pueden ser fuente de reclamos locales o, incluso, ante el CIADI”.

Elina Mereminskaya coincide con lo anterior y asegura que las medidas legislativas o regulatorias -en general, las reformas que se anticipan en el país- pueden hacer más frecuente el recurso de los inversionistas extranjeros al arbitraje previsto en los tratados internacionales (conocidos como APPI, TLC, etc). “Todas ellas reglas que Chile soberanamente acordó”, señala.

En este contexto, dice Gonzalo Fernández, los arbitrajes emergen con ventaja, por ser como un mecanismo con plazos relativamente cortos, procedimientos preestablecidos por las partes y de carácter reservado. Todas ellas características se valoran en momentos de alta exposición y mediatización de todos los temas.

Pero más de los riesgos o preocupaciones inmediatas que exponen las empresas e inversionistas, Mónica Van der Schraft indica que también es hora de avanzar en la reforma procesal civil, ya que su postergación -asegura- “ha impedido que los tribunales de justicia cuenten con procedimientos más acordes a los tiempos y necesidades actuales, lo que va a generar un incremento en los arbitrajes, como una forma más eficaz de resolver conflictos comerciales”, puntualiza.

Fuente: Diario Financiero.

La Virtualización De Las Declaraciones De Testigos

Por Juan Pablo Philippi

Juan Pablo Philippi (FK Economics) defiende el formato de audiencias presenciales ante el interrogatorio de testigos en un claro análisis que aboga por concentrarse más en el fondo y no dar tanta importancia a la forma.

Ya llevamos casi dos años de pandemia y muchas cosas han cambiado en el mundo del arbitraje, siendo la virtualización de las audiencias una parte importante de dichos cambios.

En su columna de análisis en CIAR Global, el Dr. Bernardo M. Cremades nos resume su apreciación respecto de esta virtualización en una sola palabra: simplificación. Y destaca tres puntos centrales, uno de los cuales tiene que ver con los peritos y las audiencias en las que participan.

Quienes están en contra de este “formato” acusan que el proceso de interrogación y contra interrogación de testigos expertos se hace más complicado y menos eficiente porque, entre otras cosas:

i) ya no es posible hacer una buena lectura del lenguaje corporal, tanto del perito, como del resto de la sala;

ii) lo extenuante de las audiencias virtuales en la práctica obliga a concentrar las audiencias en menos tiempo; y,

iii) quienes utilizan técnicas del teatro para sus presentaciones, han visto perder la ventaja con la que contaban.

Si bien son argumentos válidos, la experiencia -como testigo experto-, da cuenta de que también existen una serie de beneficios de esta nueva modalidad que nos invitan a pensar que, una vez se regrese a la “normalidad”, no es tan obvio la conveniencia de una modalidad sobre la otra. Más allá del beneficio obvio que es lograr procesos más costo eficientes, y considerando que dependerá de cada tribunal el cómo se llevará a cabo la audiencia, algunos de los beneficios que se pueden identificar de las audiencias virtuales son los siguientes:

  1. Ambientes más relajados: al estar “en casa”, ya sea literal o en su propia oficina, el experto se sentirá mucho más cómodo que frente a un tribunal y las partes que están ávidas por bombardearlo de preguntas. Y estar más cómodo, sin duda, tiene implicancias positivas en términos de que el experto sea capaz de comunicar efectivamente su trabajo.
  2. Declaraciones más breves y estructuradas: siguiendo la lógica de simplificación del proceso como un todo, también las audiencias de testigos han tendido a tener tiempos más limitados y estructurados en cuánto a cuánto debe durar cada una de las “etapas” de la audiencia (interrogación directa, contra interrogatorio, etc), motivando la elaboración de participaciones más concisas y precisas.
  3. Declaraciones en equipo: ahora es más común participar de audiencias donde los expertos declaran como equipo y no individualmente. Puede ser por la “obligación” de hacer procesos más simples y breves, pero lo cierto es que para quienes trabajamos en la elaboración de informes técnicos, es una buena noticia. Es muy frecuente trabajar los casos en equipos -al igual que los abogados-, y cuando se trabaja en equipo, cada uno de sus miembros realiza tareas distintas y complementarias, razón por la cual todas las partes -o al menos el tribunal y expertos- ganan al tener una versión y explicación más integral de la pericia, versus la sumatoria de versiones parciales que se obtendrían por interrogar a todos los miembros del equipo por separado.
  4. Preguntas más al fondo: probablemente también producto del menor tiempo que, en promedio, están tomando las audiencias, tanto el tribunal como las partes -especialmente estas últimas- han reducido la cantidad de preguntas y han concentrado las pocas que hacen en temas que van directamente al fondo de la cuestión. Y eso, además de hacer más eficiente el proceso, permite al perito concentrarse en su área de expertise y no perder tiempo en preguntas que sabemos son parte de una estrategia que busca que el experto “pise el palito” (un chilenismo para decir que el perito cayó en la trampa o en la provocación).

Adicionalmente, es preciso señalar lo que nos dice el estándar Daubert respecto de los testigos expertos. En resumen, el estándar sugiere que el testimonio de un testigo experto “tendrá peso” en la medida que el experto:

  • tenga las calificaciones suficientes (formación y/o experiencia),
  • ayude a entender de mejor manera la evidencia presentada,
  • base su trabajo en hechos o data sin sesgos, y
  • base su testimonio en principios y métodos confiables.

Es decir, muy relacionado al fondo del trabajo y experiencia del experto y nada relativo a habilidades comunicacionales, lenguaje corporal, ni capacidad de responder preguntas bajo presión.

Por todo lo anterior, y dado que las audiencias virtuales han llegado para quedarse, es importante hacer la distinción y tener claras las diferencias entre audiencias virtuales y presenciales. Más allá de las conveniencias personales de cada uno, las audiencias virtuales solo redundan en una cosa, y es que todos los involucrados nos concentremos más en el fondo y perdamos menos tiempo en la forma.

 

Fuente: CIAR Global.