Transferencias directas: La carta que baraja el Gobierno para combatir la desigualdad

El Ejecutivo está repensando la forma de entregar ayudas sociales para hacerlas más efectivas.

El año de los experimentos de renta básica universal”, así bautizó Bloomberg al 2021. De hecho, sólo en Estados Unidos, 11 ciudades tienen programas pilotos en tal sentido. La idea de entregar un monto de dinero mensual a todas las personas mayores de 18 años, sin condiciones, es todavía utópica. Pero, reemplazar programas sociales por transferencias directas incondiciones, parece estar ganando terreno. Incluso, al interior del Gobierno chileno.

El Ingreso Básico Universal, en todo caso, está fuera de discusión. Osvaldo Larrañaga, director de la Escuela de Gobierno UC, da dos razones.
Primero, su costo: si en Chile se pagara $150 mil al mes, “un monto significativo pero insuficiente para financiar necesidades básicas”, a los mayores de 18 años, el costo fiscal sería de 13% del PIB, equivalente a la suma del gasto público en educación, vivienda y salud. Segundo: no sería clara la legitimidad social, ya que habría que aumentar los impuestos en un 75%. “Y cabe preguntar si hay otros usos socialmente más importantes”, dice Larrañaga.

Pero, pese a conocerse como “universal”, la mayoría de los lugares donde se ha implementado este beneficio ha sido para segmentos de la población.
Y los experimentos se han esparcido desde los países nórdicos, hasta lugares como la ciudad de Maricá en Brasil, donde decenas de miles de personas bajo la línea de la pobreza reCiben dinero mensual, sin condiciones.

Los beneficios, pese a no estar todavía completamente probados, serían varios: elimina burocracia y costos administrativos de programas sociales; elimina vicios como, por ejemplo, no considerar alergias al entregar alimentos; rompe con la híper focalización en las ayudas; y puede incentivar a la formalización, si el dinero llega como reducción de impuestos.

El impulso del Gobierno

En Chile, la idea dio vueltas con el Ingreso Ético Familiar hace unos años (ver recuadro), pero ha cobrado fuerza tras la discusión de desigualdad que comenzó tras el 18 de octubre de 2019 y las ayudas económicas que ha desplegado el Gobierno producto de la pandemia. La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explica que, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, calcularon que en promedio los gastos administrativos de las transferencias monetarias son 60% más bajos que los de programas “con estructuras más complejas”. Asimismo, dice que las transferencias “permiten llegar de manera más directa a quienes más lo necesitan y así abordar de mejor forma los desafíos de la desigualdad”, explicando que buscan avanzar en esa dirección.

Lo que es una estrategia que no solo Involucra a Desarrollo Social, sino que es parte de otras medidas que ha ido tomando el Ejecutivo. Iniciativas como el Presupuesto en Base Cero que impulsa Hacienda también va en la línea de evaluar la efectividad de los programas sociales. Lo mismo sucede con la convocatoria que hizo el ministerio liderado por Ignacio Briones a universidades para que aporten con propuestas para combatir la informalidad laboral, donde actualizar la política social hacia transferencias es uno de los ejes.

Por eso no es de extrañar que varias de las últimas políticas del Ejecutivo hayan ido en ese sentido. Ejemplos hay varios. El Ingreso Mínimo Garantizado es un subsidio que impulsó el Ejecutivo tras el estallido social y que busca que ningún trabajador con jornada ordinaria gane menos de $300 mil, suplementando los ingresos de los trabajadores. Otro es el Ingreso Familiar de Emergencia, que se implementó en la pandemia. “Ambos son buenos ejemplos de transferencias que van directamente al bolsillo de las personas y que de manera focalizada logran, paralelamente, atender los desafíos de equidad”, explica Rubilar.

Apoyos y dudas

Expertos ven ventajas en transitar desde los programas sociales hacia transferencias directas. “Hay que arrasar con el archipiélago de programas sociales que existe, muchos de los cuales no han logrado los objetivos para los cuales se han creado. Estos deberían ser utilizados para aumentar las transferencias monetarias a los hogares sin muchas condiciones”, dijo el rector de la UAI, Harald Beyer, a El Mercurio a fines de diciembre. Agregó que en Desarrollo Social hay muchos programas poco activos, con altos costos administrativos y que no producen los resultados deseados.

Además, varias críticas a las transferencias monetarias incondicionales se han ido despejando. Una es que el dinero se usaría para otros fines y no para necesidades básicas, pero los programas piloto de países europeos han mostrado lo contrario. Otro es que desincentiva el trabajo.
“Se ha ido acumulando evidencia de que las personas que perciben subsidios monetarios, con o sin condiciones, no reducen su oferta laboral”, dice Andrea Repetto, académica de la UAI, aunque sí hay dudas sobre su impacto en la formalidad de los trabajadores.

Por otro lado, Repetto cree que hay un problema de híper focalización en los programas sociales en Chile, donde pese a tener tramos de vulnerabilidad, que definen a grupos con similares necesidades, se subdividen: varias ayudas que deberían llegar al primer tramo de vulnerabilidad (40% más vulnerable), solo llegan al 20% o 30% más vulnerable. Con todo, la economista advierte que hay que tener cuidado con cómo se revisan los programas sociales. “Deberían tener criterios más amplios que la Dipres” (Dirección de Presupuestos), dice. “No considera dimensiones asociadas a la cohesión social ni los mensajes implícitos en las condiciones que se exigen para calificar a las personas”.

El académico de la U. De Chile Ramón López admite que “hay programas que funcionan mal y son burocráticos”, pero explica que las transferencias no pueden reemplazar cualquier programa, sobre todo cuando no hay mercados suficientemente desarrollados. “Pensar en dar una renta y sacar al Estado es una utopía absurda”, agrega.

Jorge Fantuzzi, quien trabajó en el diseño del Ingreso Ético Familiar y hoy es socio de FK Economics, está de acuerdo con las transferencias, pero prefiere que sean condicionadas ya que ello permite mover otros indicadores como, por ejemplo, la escolaridad de los niños.
A su juicio, las condiciones más eficientes para sacar a la gente de la pobreza son las relacionadas al empleo, por lo que cree que lo ideal es agrupar “la ensalada de transferencias” que existen para fortalecer el Ingreso Mínimo Garantizado.

El “año de los experimentos de renta básica universal”, sin embargo, recién comienza y, cuando ya se tengan resultados de ellos en la mano, muchos de los juicios de los expertos podrían cambiar con la evidencia.

Fuente: La Segunda.