Los Superintendentes de Pensiones y Salud serán relevantes para la implementación de dos reformas prioritarias del nuevo gobierno. Además, desde el SEA deben dar fluidez a la inversión.
Mientras todas las miradas están en el nombramiento del nuevo gabinete, el presidente electo, Gabriel Boric, deberá definir, a lo menos, seis puestos clave en materia económica durante el 2022.
Si bien Boric tiene la posibilidad de cambiar a más autoridades elegidas a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), pues cada cambio de gobierno incluye la posibilidad de remover a 12 cargos, varias deberán ser renovadas -o rectificadas- sí o sí durante el próximo año, ya que culminan sus respectivos períodos.
Los nuevos encargados de las superintendencias por ejemplo, deberán acompañar dos reformas que el nuevo gobierno ha considerado prioritarias: Salud y Pensiones. A su vez, la institucionalidad que vela por el buen funcionamiento de los mercados (Fiscalía Nacional Económica y Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) podrán cambiar de mando para hacerse cargo de las promesas de campaña del próximo presidente en términos de fortalecer la competencia. Finalmente, quien esté a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tendrá también un rol protagónico en hacer fluir la inversión, sin descuidar el medioambiente.
Superintendencia de Salud: Alto poder administrativo
«Lo que pretende Boric es eliminar las isapres, pero el plazo no está dicho», explica Victoria Beaumont, gerenta general de la consultora Altura Management. Pero aunque esa reforma no tenga un timing determinado, no significa que no habrá cambios y muchos de ellos pueden venir desde la superintendencia. Manuel Inostroza, extitular de este ente fiscalizador, explica que «se han hecho cambios importantes por vía administrativa, a través de circulares. Por ejemplo, se eliminó la diferencia de planes entre hombres y mujeres y también los cobros por factores de riesgo», y advierte que un superintendente «aleonado por las circunstancias políticas podría, por ejemplo, abordar el tema de las preexistencias».
Asimismo, si se decide reemplazar a Patricio Fernández (nombrado en 2019, puede ser reelegido), quien quede a cargo tiene otros poderes, por ejemplo la aplicación de multas y sanciones, «por lo que un regulador más celoso puede imponer mayor control y hostigar más», explica el hoy académico de la U. Andrés Bello.
A más largo plazo, de aprobarse los cambios a las Isapres, «el nuevo superintendente tendrá que acompañar ese proceso», comenta Beaumont quien anticipa que la transición hacia un sistema de salud público no será sencilla.
FNE y TDLC: Foco en «agenda anti abusos»
«La inacción del Estado ante las infracciones a la ley del poder económico se ha traducido en una sensación generalizada de tolerancia al abuso y de desigualdad ante la ley», se lee en la página 197 del programa de gobierno de Apruebo Dignidad. Es por ello que el futuro presidente probablemente busque nombres afines para dos cargos claves cuyos periodos finalizan este año: El Fiscal Nacional Económico (FNE) cuyo actual titular, Ricardo Riesco, cumple su periodo a fines de 2022 (aunque puede ser reelegido por una vez) y el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC), actualmente Enrique Vergara, quien también finaliza su periodo en 2022 y corresponde que el Presidente lo elija desde una quina elaborada por la Corte Suprema.
Si bien las capacidades resolutivas de la FNE no son tan amplias, un nuevo fiscal sí podría, por ejemplo, subir el estándar para la aprobación de fusiones entre empresas.
Y donde sí la Fiscalía podría tener un rol más funcional al gobierno es en sus estudios de mercado. El último anunciado la semana pasada fue del mercado de funerarias y cementerios, pero su impacto en la discusión de políticas públicas sería muy distinto si decide entrar en el mercado de los bancos o de las AFP, por ejemplo.
«En general la FNE ha sido muy responsable y ha llevado al TDLC (que es la instancia donde se litigan los casos de libre competencia) los casos donde tiene pruebas muy sólidas» explica Jorge Fantuzzi, de FK Economics. El economista cree que dependiendo de quién se designe como fiscal, ese criterio podría cambiar y que la FNE tenga más «mano dura», aunque igualmente será el TDLC, un órgano técnico y colegiado (tiene cinco miembros y solo Vergara finaliza su periodo en 2022), quien tiene la última palabra.
Francisco Agüero, profesor de la U. de Chile, agrega que una de las tareas que tendrá la FNE será generar nuevas propuestas para introducir más competencia a los mercados. Además, proyecta que la institucionalidad podría sufrir presiones para que el Ministerio Público pueda realizar persecuciones penales en los casos de colusión, «lo que es un tema ya ampliamente debatido», sostiene. La última reforma legal del 2015 restablece la pena de cárcel para la colusión, pero el único facultado para querellarse es el fiscal económico. Esta exclusividad no agrada a los abogados penales cercanos al presidente electo, entre ellos, el exfiscal Carlos Gajardo, asesor de Boric.
Servicio de Evaluación Ambienta (SEA): Ritmo de inversión y Dominga
Todos los economistas coinciden en que en los próximos dos años la inversión irá a la baja. Pero en el listado de proyectos del SEA, hay casi US$40 mil millones en evaluación. El ritmo en que esas iniciativas se tramiten podría ayudar a dinamizar la economía y al empleo durante el próximo gobierno.
«Es relevante que el nuevo director tenga la suficiente independencia para no verse sometido a presiones políticas», comenta el exsubsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez, socio de Schultz Carrasco Benítez, quien cree que inversiones como el proyecto minero Dominga será uno de los principales problemas que heredará el sucesor de Hernán Brücher, que asumió el puesto en 2018, pero se cree que no continuará a cargo del servicio.
Quien tome el relevó deberá soportar la presión de grupos ambientalistas cercanos a Apruebo Dignidad y balancear protección del medioambiente y crecimiento económico. Algo en lo que coincide Jorge Andrés Cash, exfiscal de la superintendencia y socio de Elías Abogados, que plantea que además de Dominga habrá otros proyectos complejos: la ampliación del puerto de San Antonio y la expansión de Los Bronces de Anglo American, y ambos los deberá llevar el SEA al Comité de Ministros durante el próximo gobierno.
Superintendente de Pensiones y presidente de la CMF: Relevantes para cambios en AFP
Desde el entorno de Boric explican que antes de ingresar al Congreso la reforma de pensiones pasará por un «diálogo social». Ese proceso y el empate del oficialismo y la oposición en el Congreso anticipan que los cambios al sistema de AFP tomará un buen tiempo. A diferencia de lo que puede pasar en las isapres, las facultades del superintendente de Pensiones son más acotadas para influir en la industria. Sin embargo, tal como lo demostró en la discusión de los retiros de las AFP el actual titular del cargo, Osvaldo Macías -designado por Bachelet, ratificado por Piñera y cuyo período finaliza en junio (puede ser renovado por última vez)-, sí afecta el debate público.
Sin embargo, en otras áreas como por ejemplo en el régimen de inversión, sus atribuciones son acotadas. «Cualquier cambio debe pasar por el Consejo Técnico de Inversiones (organismo de cinco miembros). Por lo que cambios a cómo invierten las AFP, podrían ser propuestos por el superintendente, pero aprobados por ese consejo», explica Hugo Caneo, profesor de la U. de Chile, quien admite que quien eventualmente remplace a Macías puede «crear una mayor carga regulatoria, eso le puede hacer más difícil la vida como a una administradora»:
Tamara Agnic, exsuperintendenta de Michelle Bachelet en su segundo gobierno, sostiene que se acabar con las AFP, se generará una serie de efectos en el mercado de capitales y es ahí donde aparece otro cargo clave: el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El actual, Joaquín Cortez, termina su periodo junto con la salida del Presidente Piñera de la Moneda. «Guste o no, la existencia de las AFP ha sido clave para ese desarrollo del mercado de capitales y las quieren desbaratar», reclama Agnic.
Fuente: La Segunda.
