Las medidas de FK Economics para la crisis

Medidas FK para la crisis

Algunas cifras para el contexto

Este miércoles 8 de abril, el gobierno anunció nuevas medidas económicas para proteger la actividad económica y los ingresos de las personas, cuyo costo ascendería a US$ 5.000 millones. Con respecto a la actividad económica, el nuevo paquete incluye un plan de garantías por hasta US$ 3.000 millones para movilizar el crédito para empresas con ventas anuales de hasta 1 millón de UF.

A partir del SII para el año 2018, es posible estimar que existen 1.007.503 empresas en Chile, de las cuales un 98,6% son catalogadas como Pequeña y Mediana Empresa (PYME). Éstas tienen a 4.152.366 trabajadores dependientes y venden, en su conjunto, aproximadamente 9.291 millones de dólares al mes[1].

Estimamos que producto del estallido social, al menos 15.000 PYME se vieron fuertemente afectadas, de hecho, la Multigremial Nacional de Emprendedores estimó que  la pérdida de empleos producto del estallido social llegaba a cerca de 50 mil trabajos.

Hoy son más las empresas que se ven afectadas por la paralización obligatoria de operación y/o ventas que trajo la pandemia de coronavirus.

Si bien nos parece que el paquete fiscal anunciado por el ministro Briones y las nuevas medidas económicas recién presentadas son relevantes y van en la línea correcta, nos parece fundamental seguir avanzando con más medidas que permitan mitigar los efectos que tendrá el virus en nuestra economía.

En esta línea, FK Economics propone las siguientes medidas:

  1. Transformar las garantías que hoy entregan FOGAPE y Fogaín en unas de fácil ejecución para el acreedor.

Según datos del Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Banco Estado, desde el 18 de octubre de 2019, Fogain y FOGAPE han garantizado 49.280 operaciones con un financiamiento por US$ 1.236 millones[2].

Sin embargo, hoy no vemos que quienes acceden a estos programas encuentren mucho mejores tasas ni tampoco se bajan considerablemente la exigencia de garantías reales. Muchas veces el deudor tiene que ir como aval con el 100% del crédito, con lo que el espíritu del programa se pierde.

Lo anterior es producto de que la garantía tiene problemas en su ejecución, por lo que los bancos no ven realmente reducido el riesgo operacional de otorgar el crédito.

Por lo tanto, aun cuando las nuevas medidas en torno a la actividad económica amplíen la magnitud y el alcance de FOGAPE, creemos que es necesario realizar cambios no solo en su obertura, si no que en su ejecución.

El objetivo de esta medida es el de bajar el riesgo operacional para los bancos y por ende que éstos sean más flexibles para otorgar créditos nuevos. En particular proponemos entregar un certificado de elegibilidad a aquella empresa que es sujeto de obtención de garantía estatal, de manera que cuando el acreedor tenga un siniestro, solo verifique esto y la garantía se pague sin mayores burocracias.

  1. Flexibilizar la participación de intermediarios financieros no bancarios a Fogape y Fogain.

Proponemos ampliar la oferta de acreedores que pueden acceder a FOGAPE y FOGAIN. Lo ideal es que existan incentivos para fondos de inversión, factoring, leasing u otros. Creemos que con esto se fomentaría la competencia y la agilidad para entregar estos créditos a las PYME.

  1. Contratos de impacto social

El gobierno ya anunció el uso de los primeros contratos de impacto social en Chile. Estos instrumentos involucran financiamiento de inversionistas privados a programas públicos. Si el programa tiene los resultados esperados, medidos rigurosamente, entonces el Estado paga la inversión y su retorno. La lógica es que el Estado sólo gasta en algunos programas públicos si éstos tienen resultados. Lo anterior implica una reducción del gasto público y social que puede ser utilizado para otros fines.

En el mundo funcionan actualmente más de 130 contratos de impacto social, los cuales afectan a más de 1, 5 millones de personas y que han levantado capital por más de 440 millones de dólares[3].

Proponemos el anuncio de una batería importante de programas sociales que sean pasados a la modalidad de contratos de impacto social.

  1. Fondos privados de inversión social

El Estado podría incentivar la constitución de fondos que inviertan en empresas que se vean complicadas por la crisis sanitaria. Nuestra propuesta es fomentar la constitución de fondos de inversión privados que tengan su foco en financiar a PYMES cuya operación se vio interrumpida o dificultada por el periodo de cuarentena. El incentivo será un aporte monetario a dichos fondos. A modo de ejemplo, el Estado entregará 20 pesos por cada 100 pesos de capital que financie el fondo.

Las condiciones para ser beneficiarios son que las inversiones de los fondos deben ser en PYMES, que el capital administrado debe ser invertido durante el año 2020 y que no podrán ejecutarse exits del fondo en un periodo de 3 años desde que se reciba el aporte estatal.

Los fondos de inversión podrán invertir a cambio de equity o a través de deuda convertible entregada en condiciones beneficiosas para las PYMES.

  1. Inversión en innovación

La innovación ayuda a las empresas a reinventarse y sobrevivir a las crisis[4]. Lamentablemente en periodos de baja actividad económica, los recursos para innovar escasean y las empresas invierten menos.

Según Paunov (2012), 1 de cada 4 empresas de los países analizados en Latinoamérica abandonó proyectos de inversión en respuesta a la crisis financiera. Sin embargo, empresas con acceso a financiamiento público tenían menos probabilidades de descontinuar estos proyectos[5].

Proponemos que los programas públicos de innovación o inversión tecnológica, que tengan evaluaciones de impacto que muestren resultados positivos, aumenten considerablemente su presupuesto para este año. En particular, celebramos la convocatoria reciente realizada por Corfo para financiar emprendimientos que quieran escalar la producción de ventiladores mecánicos durante la crisis sanitaria.

 

[1] Esto si se considera el valor del tipo de cambio de $830/dólar y un valor de la UF de 28.579, revisados el 26 de marzo de 2020 en la página web del Banco Central de Chile.

[2] Información disponible en: df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/fogape-y-fogain-los-fondos-salvavidas-de-las-pyme-que-el-gobierno-busca/2020-04-07/110322.html

[3] Según información de Social Finance, disponible en: https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/

[4] Así lo han encontrado estudios como: Lome et al. (2016), Archibugli et al. (2013), Antonioli et al. (2013), Sidorkin, O. y Srholec, M. (2014).

[5] Paunov, C. (2012). The global crisis and firms’ investments in innovation