Estudio de Horizontal levanta propuestas para fortalecer la competencia de los mercados

Ideas están asociadas a la calidad y coherencia regulatoria; compras públicas, digitalización, obras públicas, competencia internacional y capital humano.

“Cuando los mercados no son competitivos, la asignación de los recursos, su destino, cantidades y precios responden a criterios distintos de los que impulsan el desarrollo económico y el bienestar material. En cambio, mercados competitivos inducen esfuerzos que benefician a la sociedad en su conjunto, por medio de menores precios, mayores cantidades consumidas y mejor calidad”.

Con esa reflexión, el centro de estudios Horizontal levantó una serie de propuestas para fortalecer la competencia de los mercados en el país e impulsar el desarrollo.

.A través de un estudio, el think tank ligado al partido oficialista Evópoli planteó al menos 19 iniciativas asociadas a la calidad y coherencia regulatoria; compras públicas, digitalización, obras públicas, competencia internacional y capital humano.

En la propuesta participaron Pamela Arellano, Alfonso España, Jorge Fantuzzi, Sebastián Izquierdo, Rolf Lüders, Felipe Morandé y Julio Riutort.

“Este documento refleja que el Estado es un arma de doble filo: por un lado, puede elevar demasiado los costos de entrada, desincentivando la aparición de competidores desafiantes; pero por el otro, si genera buenas políticas públicas, facilita la aparición de nuevos actores beneficiando con ello a la población”, dice Sebastián Izquierdo, director de Horizontal.

En la misma línea, el economista Jorge Fantuzzi afirma que “el deber del Estado no es solo perseguir carteles y sancionar todo tipo de ilícitos anticompetitivos. También debe ser activo en la eliminación regulatoria de barreras a la competencia en diversos mercados, especialmente en las barreras que provienen de la burocracia, es decir, por la propia acción del Estado”.

Propuestas

Una primera línea de acción es en modernización del Estado. Ahí Horizontal primero plantea perfeccionar la transparencia fiscal, con una Oficina de Presupuesto del Congreso empoderada.

En esta área también proponen un Servicio Civil ampliado con ventanilla única de ingreso de funcionarios; independencia de la gestión ministerial cotidiana, y trancar “la otra puerta giratoria” que implica pasar del sector público al privado.

En calidad y coherencia regulatoria, destacan la idea de que la Segpres exija un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA) en las iniciativas sectoriales y la creación de un Departamento regulatorio en la Comisión Nacional de Productividad (CNP).

En compras públicas, proponen aplicar en un período breve los cambios sugeridos hace un tiempo por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto de los convenios marco y de todo el sistema en general, para introducir mayor competencia en las compras públicas.

Se plantea que respecto de los convenios marco, en una primera etapa los proveedores “compitan por la cancha”, y en una segunda etapa de asignación, que elimine cualquier discrecionalidad. Además, que la duración de los convenios se ajuste de acuerdo a los parámetros establecidos por la OCDE, con límite de cuatro años.

En relación a las licitaciones públicas, entre otras cosas, optar en el diseño por tiempos y tamaños que permitan maximizar el número de participantes (esto sería, por ejemplo, aumentar los plazos y el tamaño de los contratos). Asimismo, brindar apoyo jurídico y económico a los servicios públicos para el diseño adecuado de bases de licitación.

En digitalización, sugieren eliminar la regulación actual de concesiones y adoptar un régimen único de licenciamiento, según el cual los operadores son autorizados a participar en todos los servicios de comunicaciones en el territorio, evaluar la creación de un fiscalizador independiente al Gobierno en materia de telecomunicaciones, y ampliar fuertemente los recursos para la formación de especialistas en TIC.

En materia de Obras Públicas, recomiendan que las empresas relacionadas puedan estar inscritas en el Registro de Contratistas, pero que no puedan participar de una misma licitación. También la obligación de informar los cambios de propiedad de las empresas inscritas en el Registro de Contratistas e incorporar un mecanismo de resolución temprano de controversias entre el mandante y el adjudicatario de la obra.

En comercio internacional, sugieren crear una nueva sala en el TDLC para que estudie y resuelva los casos de distorsiones. Esto se haría aprovechando la ley que crea al tribunal, lo que a juicio de Horizontal entrega reglas a quienes tendrán que litigar. Precisan que las resoluciones serán independientes del Poder Ejecutivo, lo que elimina o reduce la posibilidad de afectar el resultado por presiones políticas.

En capital humano, sugieren mejorar el proceso de identificación de los perfiles ocupacionales para que estos efectivamente respondan a las necesidades de las empresas, y que su certificación sea valorada por las empresas a través de sus procesos de búsqueda y contratación de trabajadores.

Asimismo, actualizar la ley del Sence, con copago para la franquicia tributaria, con el objetivo de contratar capacitación que las empresas y trabajadores valoren y así mejorar su impacto, y pensar en nuevos instrumentos para la capacitación, como vouchers para trabajadores y políticas para fomentar la formación en el puesto de trabajo en empresas.

Fuente: El Mercurio.