Un 45% de dicho costo estaría asociado a la siniestralidad de las mypes y un 28% a la de las medianas empresas.
Si una empresa no consigue pagar los llamados créditos Covid, el Estado debe hacerse cargo. Ese es, en breve, el sistema implementado a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), con el objetivo de proveer de liquidez para enfrentar el fuerte impacto económico de la pandemia del coronavirus. A través del Ministerio de Hacienda, el Gobierno licitó garantías estatales por un total de 184,8 millones de UF (unos US$ 6.670 millones) entre los bancos para que estas instituciones entreguen créditos con bajas tasas, con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La consultora FK Economics estimó la probabilidad de no pago de los distintos segmentos de acuerdo con el tamaño de la empresa, con el correspondiente costo que implicaría para el Estado, considerando que el reglamento señala que las garantías no cubren los intereses, por lo que en caso de no pago, la garantía solo aplicaría sobre el monto principal del crédito. «El costo esperado para el Estado de las garantías usadas a la fecha asciende a UF 17.666.388, en torno a US$ 645 millones’, dice Valentina Konow, economista socia de FK Economics. ‘Si se utilizara la totalidad de las garantías asignadas, el costo esperado ascendería a UF 18.890.928, es decir, alrededor de US$ 690 millones».
Para el cálculo, la firma asignó probabilidad de impago o siniestralidad a cada segmento de empresa por su tamaño. El estudio señala que una manera de definir esa siniestralidad es ver casos anteriores como la crisis subprime, cuando la tasa de no pago llegó al 9%. ‘Está ampliamente documentado en la literatura económica que la conducta de pago de las empresas de menor tamaño es peor que la de las grandes empresas, por lo que asumir que todas tendrán un 9% puede resultar bastante optimista’, señala Konow. Por ello se optó por diferenciar la siniestralidad de acuerdo a las provisiones que establece la CMF según las clasificaciones de deudores individuales. Se asumió que las mypes, medianas y grandes empresas tendrían la misma pérdida esperada que los deudores individuales que la CMF clasifica como B2, B1 y A6, según su riesgo. Esto es, se les asignó una siniestralidad de 20,350%, 13,875% y 9%, respectivamente.
Al aplicar estas tasas de siniestralidad, se obtiene el costo que implicaría para el Estado la ejecución de esas garantías. Bajo estos supuestos, alrededor de un 45% de dicho costo estaría asociado a la siniestralidad de las mypes y un 28% a la de las medianas empresas.
‘Lo relevante de esta política es que es relativamente barata, toda vez que las garantías se ejecutan sí y solo sí las empresas hacen default’, dice Konow. ‘En un contexto de incremento de deuda pública, esto hace que sea una buena política para abordar el riesgo sistémico que tiene la quiebra masiva de empresas’.
Fuente: El Mercurio, Economía y Negocios.
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